La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, efectuada través del sistema de videoconferencia, validó las reformas y adiciones a las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, referentes a la creación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de dicha entidad federativa, así como a las atribuciones que se le conceden para –entre otros aspectos– prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por los funcionarios públicos en la citada Auditoría.
Lo anterior, pues el Tribunal Pleno determinó que no existe vulneración al derecho fundamental a la seguridad jurídica, en tanto que no se advierte una duplicidad de funciones entre la Contraloría del Poder Legislativo y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, ya que conforme al principio de especialidad, la citada contraloría tiene por objeto aplicar el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos adscritos a dicho Poder, mientras que la Unidad de Evaluación ejerce esa atribución respecto de los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior.
Asimismo, la SCJN validó la disposición donde se faculta a dicha Unidad de Evaluación a sustanciar la investigación preliminar por la vía especial, para determinar si habría lugar a iniciar un procedimiento de remoción al Auditor Superior del Estado, en tanto que esa atribución no llega al punto de sancionarlo ni removerlo de su cargo, por lo que no contradice el artículo 66 Quáter de la Constitución local, el cual establece que tal servidor público sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso local, por causas graves y mediante la misma votación requerida para su nombramiento.
Acción de inconstitucionalidad 3/2019, promovida por diversos diputados del Congreso de Baja California Sur, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del mencionado Estado, publicada en el Boletín Oficial de esa entidad el 12 de diciembre de 2018.
