El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) saludó este jueves la declaratoria de constitucionalidad a las reformas en materia de Extinción de Dominio, avaladas en más de la mitad de los congresos del país, y que por novedad contemplan la posibilidad de que el Estado pueda perseguir los bienes de origen o destinación ilícita derivados de robo de hidrocarburos, corrupción y extorsión, mismos que se suman a los ya existentes (por delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro y trata de personas) a través de la vía judicial que declara la pérdida del derecho de propiedad sobre los recursos.
Con la representación del GPPRD, el diputado Antonio Ortega Martínez señaló la disposición de este instituto político para colaborar en la expedición de las leyes y reformas correspondientes, para dar operatividad a todo lo aprobado.
“El GPPRD está convencido de la necesidad de que los bienes producto del delito sean puestos a disposición de la hacienda pública, de tal manera que sirvan al progreso de las personas que han sido afectadas por la delincuencia -de manera directa o indirecta- en forma de retribución pública de los productos del delito. Celebramos en este sentido, que estas reformas puedan concretarse”, indicó.
Ante el Pleno, Ortega Martínez señaló asimismo que es de interés particular para el PRD, “que este Congreso diseñe un procedimiento expedito donde se garanticen los derechos de todas y todos los mexicanos; pero que también tenga aplicación en la realidad de nuestro sistema de justicia, ya que, si bien estos procedimientos están contemplados en la Constitución y en su ley reglamentaria desde el 2008, debemos señalar que en muy pocas ocasiones pudieron llevarse a cabo y derivar en un beneficio concreto para la sociedad”.
“Es por ello que nos congratulamos por la disposición de los Congresos estatales (20 de 32) para la pronta aprobación de estas reformas, debido al amplio compromiso que tenemos no sólo con las víctimas directas de los delitos, sino principalmente, con el usufructo social con beneficio para todas y todos los mexicanos, del producto no legítimo de los bienes de la delincuencia”, refirió.
Aclaró que estas modificaciones también dejan a salvo los derechos de las personas que se consideren afectadas, garantizándoles la posibilidad de tener acceso a los medios de defensa que consideren pertinentes para demostrar la procedencia legítima del o los bienes sujetos al procedimiento.
“El catálogo se amplía hacia las investigaciones derivadas de hechos de: Corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, trata de personas, y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Adicionalmente, esta reforma constitucional obliga a las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno, a que se preste el auxilio necesario para el cumplimiento de estas disposiciones y se determina que la Ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos a este proceso, incluyendo sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para el usufructo, enajenación y monetización en favor de la hacienda pública”.
En el mismo sentido, finalizó, a partir de ahora, el Congreso tendrá la facultad para expedir la legislación procesal civil única; es decir, nacional que obligue a entidades federativas y municipios a llevar al cabo los procedimientos de extinción de dominio.