Sala Regional Xalapa revoca el registro de la candidatura a diputada federal, propietaria, postulada por el PVEM en el distrito electoral 03, en Ocosingo, Chiapas

Electoral

XALAPA, Ver.- En sesión pública, celebrada por el sistema de videoconferencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con el que se aprobó la postulación de la candidatura a diputada federal, propietaria, del Distrito Electoral 03, en Ocosingo, Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

La Sala Regional declaró fundado el agravio relacionado con el hecho de que no se acreditó la autoadscripción calificada indígena de la candidata cuestionada, ya que la constancia con la que se pretendía acreditar su calidad de indígena carecía de elementos mínimos para tenerla como válida.

Como consecuencia de lo anterior, se ordenó al PVEM que, en un plazo de 48 horas, realice la sustitución correspondiente.

Por otra parte, la Sala Regional Xalapa confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que aprobó la postulación de la candidatura a la diputación federal del Distrito Electoral 02, en Bochil, Chiapas, de la Alianza “Va por México” –integrada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática–.

La candidatura fue impugnada a fin de que se declarara la inconstitucionalidad del registro por adscribirse de manera indebida como persona indígena.

La magistrada y magistrados de la Sala determinaron confirmar la decisión del INE en razón de que los promoventes no aportaron elementos de prueba que desacreditaran la autoadscripción indígena del candidato, o bien, que evidenciaran que lo razonado por el INE careciera de sustento legal.

En la misma sesión pública de resolución, la Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) que confirmó el oficio emitido por la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) del referido estado, mediante el cual se informó a un ciudadano indígena zapoteco y con discapacidad sensorial (ceguera), aspirante a candidato independiente para el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, que no cumplió con el requisito de dispersión de apoyos ciudadanos, es decir, que no acreditó el número de secciones en las que, al menos, demostrara dicho apoyo para el registro de su candidatura.

El Pleno de la Sala consideró que la decisión tomada en el oficio impugnado excede el ámbito de atribuciones de la citada Dirección Ejecutiva porque, sin contar con la determinación previa del Consejo General -autoridad encargada de las decisiones que afectan el derecho a ser votado de la ciudadanía-, informó al promovente que no cumplió con el número de secciones. De ahí que no pueda tenerse como válido.

Asimismo, el Pleno determinó como incorrecto el análisis que hizo el TEEO sobre el caso, ya que faltó a su deber de juzgar con perspectivas de discapacidad e intercultural, pues no obstante que el aspirante a candidato independiente señaló en su demanda su calidad de indígena y su discapacidad, el TEEO no juzgó con un enfoque distinto, esto es, desde una perspectiva que observara el llamado «modelo social de discapacidad”.

Dado lo anterior, a partir de las circunstancias del aspirante, el Pleno de la Sala señaló que en el momento en que dicho ciudadano externó su intención de participar en el proceso electoral como candidato independiente, el IEEPCO debió tomar acciones que le permitieran cumplir en igualdad de circunstancias con los requisitos para obtener su candidatura; de ahí que, al no hacerlo, se considere que debió existir un ajuste razonable de tales requisitos.

En consecuencia, se ordenó al IEEPCO que, al momento de pronunciarse en relación con el registro correspondiente, en el caso del actor, tenga por satisfecho el requisito de dispersión de los apoyos ciudadanos.

En otro tema, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) que, entre otras cuestiones, declaró fundados diversos agravios relativos a la omisión del pago completo del sueldo de la síndica del Ayuntamiento de Chichimilá y a la violencia política en razón de género, en su vertiente de acceso y desempeño del cargo, ejercida por el presidente y tesorero municipales, en contra de la síndica.

En la demanda presentada ante la Sala Regional Xalapa por el tesorero del citado Ayuntamiento, controvirtió diversas omisiones por parte del TEEY de notificarle las actuaciones y la sentencia dictada en la instancia local.

Ante ello, el Pleno de la Sala determinó que no le asiste la razón sobre la existencia de las presuntas omisiones ya que, contrario a lo referido por el tesorero municipal, de las constancias del expediente se advierte que el TEEY realizó, de manera correcta y en estricto apego a lo establecido en la legislación, diversas actuaciones dirigidas al tesorero en su calidad de responsable, con las cuales notificó por oficio al Ayuntamiento. De ahí que, lo procedente sea confirmar la sentencia impugnada.

Por último, la Sala Regional Xalapa confirmó la resolución del Consejo General del INE respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de diputaciones locales y presidencias municipales, correspondiente al proceso electoral local ordinario 2020-2021, en el Estado de Yucatán.

Lo anterior, toda vez que, contrario a lo señalado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el INE fundó y motivó debidamente su determinación, ya que identificó de manera clara cuáles fueron las faltas en cada una de las conclusiones impugnadas y qué preceptos se vulneraron para imponer las multas correspondientes.

En suma, en la sesión pública no presencial, por el sistema de videoconferencia de este 16 de abril se resolvieron 43 medios de impugnación: 39 juicios ciudadanos federales, tres recursos de apelación y un juicio electoral.

Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General 8/2020 de la Sala Superior del TEPJF en el que se precisan criterios a fin de discutir y resolver de forma no presencial asuntos de la competencia del TEPJF, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).