La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y deficiencias en el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, cuyos resultados presentó ante la Cámara de Diputados.
El dictamen de la ASF se emitió el 16 de enero de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, y fue entregado a la Cámara de Diputados el 22 de febrero pasado. La ASF emitió 15 recomendaciones al desempeño de la CEAV, correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
En opinión de la ASF, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) no es una plataforma nacional, sistematizada, completa ni confiable; los recursos públicos se entregan indiscriminada y discrecionalmente; no existen criterios para entregar montos, ni tiempos determinados para seguir proporcionando medidas de ayuda; entre otras irregularidades. Entre las principales observaciones que señala la ASF destacan:
• En 2018, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) tuvo registros duplicados, información dispersa en cuatro bases de datos diferentes (una federal, una estatal, una de servicios generales y una base histórica).
• Más de dos mil 400 expedientes están rezagados y no han sido inscritos en el Renavi, pese a que el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) ya emitió los dictámenes correspondientes.
• Además, el propio CIE tiene un retraso acumulado de más de tres mil expedientes sin dictaminar, por lo cual, las personas que fueron víctimas de un delito federal o de violaciones a sus derechos humanos no han tenido acceso a medidas de reparación.
• En el Renavi es inexistente la información sobre tipo, fecha, cantidad y periodicidad, orientación, acompañamiento jurídico y psicológico, o en su caso, medidas de ayuda, asistencia y reparación integral otorgadas con recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), ya que la CEAV no fijó criterios en los que se indique la información que debió contener el Registro.
• Las irregularidades e inconsistencias en la administración del Renavi impiden o dificultan el seguimiento a la situación y condición de las víctimas de delitos federales y/o violaciones de derechos humanos.
• Ausencia de un registro sistemático de las víctimas que han dejado de recibir recursos del patrimonio del FAARI y de los fondos de emergencia, entre 2014 y 2018.
• No existen criterios para determinar el tiempo durante el cual se brindarán medidas de atención a las víctimas para la reparación del daño.
• La CEAV se limitó a determinar la reparación del daño desde la perspectiva pecuniaria (dinero), lo cual no ha contribuido a la atención integral, ni existe evidencia sobre el acceso efectivo de las víctimas a los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral.
• Las víctimas atendidas por la CEAV crecieron 208.4% de 130 en 2015 a tres mil 813 en 2018.
• De 2015 a 2018, el número de medidas otorgadas crecieron en promedio anual 460%, al pasar de 131 a 23 mil 16 en dicho periodo.
• El monto de los recursos otorgados a las víctimas creció 136% en promedio anual, al pasar de 47 millones 39 mil 800 pesos en 2015 a 625 millones 164 mil 200 pesos entregados en 2018.
• Sin embargo, el monto promedio de los recursos entregados por cada víctima se redujo. Mientras que en 2014 se proporcionaban 361 mil 800 pesos, en 2018 se entregaron 164 mil pesos.
• Los recursos del FAARI son insuficientes para atender la demanda de atención a víctimas, debido a que aumentó su número y se multiplicaron las medidas y montos de ayuda que reciben. Sin embargo, los recursos públicos asignados no se incrementaron en la misma proporción.
• No hay colaboración interinstitucional entre todas las dependencias y entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
• En 2018, a tres años de operación, el Renavi no contiene información nacional. La CEAV firmó convenios de coordinación con 22 entidades federativas sin darles seguimiento, por lo que la información de las autoridades locales está incompleta. Además, no realizó las gestiones necesarias para completar los convenios con los 10 estados restantes.
• Es insuficiente el personal especializado en áreas que proporcionan atención a las víctimas, y falta implementar el Servicio Civil de Carrera en el área de asesoría jurídica de la CEAV.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atenderá y solventará las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y, para ello, impulsa la operación del Nuevo Modelo Integral de Atención a Víctimas.
El Senado de la República designó a Mara Gómez como Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, el 10 de diciembre de 2019. Al día siguiente, rindió protesta de ley.
