El grupo parlamentario del PRD respaldó la determinación de su partido de interponer una denuncia contra “la operación sistemática e inconstitucional de los llamados ´Servidores de la Nación´” y saludó que el Instituto Nacional Electoral (INE) la haya admitido a estudio y dictado medidas cautelares.
“El PRD se congratula por las medidas cautelares que acordó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, mediante las que ordena la suspensión inmediata de los actos de promoción personalizada que realizan los ´Servidores de la Nación´ y se mantendrá vigilante para que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias”, señaló.
Subrayó que la estructura de coordinación de este novedoso cuerpo de la burocracia federal, cuyo vértice se encuentra en la oficina del titular del Ejecutivo, carece, en gran parte, de un fundamento legal para existir y gastar su costosa nómina, calculada en tres mil 240 millones de pesos anuales.
Además, dijo, sobrepone a las facultades de las secretarías de Estado y otras dependencias responsables legales de ejecutar los programas sociales y a la vez, margina a los gobiernos estatales y municipales de esta labor.
La bancada expuso que los llamados Servidores de la Nación llevan a cabo una campaña sistemática de promoción personalizada del Presidente de la República y de los coordinadores estatales y regionales de programas para el desarrollo, quienes en el futuro habrán de ser los candidatos de Morena a gobernadores, diputados locales y federales, así como presidentes municipales.
«La irregular campaña viola flagrantemente el artículo 134 de la Constitución Política, que prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos, pero además, se constituye en un uso indebido del dinero público, pues tal promoción se realiza con base en la distribución de las tarjetas bancarias y órdenes de pago a los beneficiarios de los programas sociales», acusaron los diputados perredistas.
«Los programas sociales considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y que se manejan a través de los Servidores de la Nación, alcanza la cifra de más de 220 mil millones de pesos, dinero que se utiliza para exaltar inconstitucionalmente al Presidente y posicionar en la opinión pública a los futuros candidatos”, reiteraron.
Recordaron que, inconformes con las anomalías en que está incurre el gobierno federal y con el fin de preservar la garantía del voto y la equidad de la contienda electoral, las diputadas Azucena Rodríguez y Verónica Juárez, presentaron una iniciativa de reforma constitucional para establecer la inelegibilidad de los “súper delegados” y sus coordinadores regionales para ser candidatos a cualquier cargo de elección popular.