El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) avaló el dictamen presentado ante el Pleno por la Comisión de Hacienda para modificar el Artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, que establece sanciones de tres meses a seis años de prisión “a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”, y añade un 113 “bis” donde se endurece la sanción “de tres a seis años de prisión”, a quien expida o enajene dicho tipo de documentos.
“Este dictamen es oportuno -argumentó el legislador- ya que pone en manos del Ejecutivo Federal una norma que permite que se instrumenten programas que, conjugando ‘premios y castigos’ pueda incrementar sustancialmente los ingresos públicos”, una vez que se han dado a conocer preocupantes indicadores y previsiones de la Secretaría de Hacienda en los Pre-criterios de Política Económica 2020 (estimando un crecimiento anual del Producto Interno Bruto menor al esperado).
Como consecuencia de este menor crecimiento, añadió, se espera que el país tenga menos ingresos fiscales que obligarán a un recorte inmediato del gasto para mantener el equilibrio de las finanzas públicas; así como uno más severo en el presupuesto del 2020.
Ortega Martínez sostuvo que –de acuerdo con la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente- el uso de facturas apócrifas causó una pérdida estimada en dos billones de pesos al Fisco el año pasado, monto que equivale a 70 por ciento de la recaudación tributaria prevista para este 2019.
Destacó que este dictamen también se propone fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes
Aseguró finalmente que la parte positiva es que Hacienda ha reconocido que hay una desaceleración económica, y medidas como ésta, posibilita la adopción de estrategias para tratar de revertir los impactos adversos en la economía nacional, pues las expectativas de crecimiento no son alentadoras y no es solo por la desaceleración de la economía internacional; sino también por las decisiones políticas internas equivocadas de Andrés Manuel López Obrador como la suspensión del aeropuerto de Texcoco; la implementación de la nueva estrategia económica; la falta de estudios de factibilidad financiera de proyectos como la refinería de “Dos Bocas”; el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya; así como otro conjunto de decisiones que afectan y desincentivan la confianza en la inversión.