RELE llama a las personas que ocupan o aspiran a ocupar cargos de elección popular en Perú contribuyan con su discurso a la protección de los derechos humanos

Internacional

Washington, D.C. – A propósito de las elecciones generales en Perú, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado para que las personas que ocupan o aspiran a ocupar cargos de elección popular protejan el debate público y la vigencia de los derechos humanos.

La RELE observa con preocupación el incremento de declaraciones estigmatizantes por parte de personas de notoriedad o que aspiran a ocupar posiciones de responsabilidad en el proceso electoral en curso. La RELE reconoce la importancia del debate político vigoroso y desinhibido sobre asuntos de interés público y respalda que dicha protección se acentúe en contextos electorales, pero también teme que algunas declaraciones puedan alentar a la violencia y la discriminación, o generar un ambiente de tolerancia a la vulneración de los derechos humanos.

El reconocimiento a los contradictores políticos implica evitar su degradación a través del discurso y por ello es importante tomar todas las medidas necesarias para que las personas que tienen identidad con una determinada opción electoral no se vean animadas a ejercer violencias contra quienes consideran sus adversarios en la contienda electoral.

Las convicciones democráticas y sobre derechos humanos tienen como corresponsabilidad el reconocer que ninguna persona debe ser discriminada y todas deben ser tratadas en forma digna. También debe existir conciencia y sensibilidad respecto de que hay poblaciones con un especial grado de vulnerabilidad cuyos derechos deben ser garantizados de conformidad con estándares internacionales en materia de derechos humanos y sobre los cuales no debe mantenerse ningún tipo de conducta de discriminación histórica. El discurso de los liderazgos públicos es un componente trascendental para la prevención de violencias contra este tipo de grupos de poblaciones con especial vulnerabilidad, dentro de los que podemos mencionar, entre otros, a las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, la comunidad LGBTI, las personas con discapacidad y las personas en situación de movilidad humana.

Los principios de Candem sobre la libertad de expresión y la igualdad sostienen que «los Estados deberán imponer obligaciones a los servidores públicos de todos niveles, incluso a los ministros, a que eviten en cuanto sea posible hacer declaraciones que promuevan la discriminación o que socaven la igualdad y el entendimiento intercultural {y} deberán emprender esfuerzos amplios para combatir los estereotipos individuales y de grupo negativos así como la discriminación para promover el entendimiento y la valoración intercultural».

La Relatoría Especial reitera que quienes protagonizan debates de interés general participan de un espacio público que también están llamados a cuidar. Los líderes políticos, ya sea durante candidaturas como también en el ejercicio de un cargo público, tienen deberes y responsabilidades especiales en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que implican un mayor nivel de diligencia al pronunciarse públicamente. Como tales, están obligados a un mayor deber de cuidado en sus expresiones, de modo de que no pueda entenderse que instruyen, instigan, autorizan o apoyan la comisión de actos que puedan poner en riesgo o violar los derechos de las personas. Mientras el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos enriquecen el debate, los discursos estigmatizantes erosionan el sistema democrático y tienen el potencial de generar violencia o alentar discriminación contra diversos grupos de personas.

En los sistemas democráticos, el Estado se somete al escrutinio social a la par que le corresponde asumir el deber de garante de la libertad de expresión de todas las personas que participan del debate público. En este sentido, la Relatoría ha señalado en reiteradas oportunidades que quienes ostentan posiciones de liderazgo público deben asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen al debate mediante la expresión y difusión de su pensamiento, como las y los periodistas y los medios de comunicación.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.