Reitera CNDH exhorto al Estado mexicano a ratificar el Acuerdo Escazú para contribuir a la conservación de la biodiversidad en nuestra región

Ante la pérdida del 50% de los ecosistemas naturales del país, derivado de cambios en el uso de suelo otorgados por la autoridad, y con el fin de que la sociedad en general y las organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales se involucren en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas para legitimarlas, con base en los tratados y convenios internacionales de los que México es parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su exhorto al Estado mexicano para que ratifique el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo Escazú.
Esta Comisión Nacional destaca que las irregularidades relacionadas con modificaciones, prórrogas en autorizaciones en materia de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo y violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, han generado la pérdida del 50% de los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares idóneos del país, lo que hace necesaria la participación activa de la sociedad en general y de los defensores de derechos humanos para proteger el medio ambiente.
Tal es el caso de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California, que por cambios en el uso de suelo no contó con la debida protección para su conservación, razón por la que la CNDH emitió las Recomendaciones 67/2017 y 93/2019, en las que señala omisiones e insuficiencias, por parte de la SEMARNAT, SADER, PROFEPA y CONAPESCA, que incumplieron con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el marco del Convenio de Diversidad Biológica y las Metas Aichi, respectivamente.
De ahí la importancia de que el Estado mexicano firme el Acuerdo Regional, cuyo objetivo es acceder de forma oportuna y efectiva a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar, en su caso, la reparación del daño, además de que establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las prerrogativas de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Esta Comisión Nacional también pide a las autoridades promover un modelo comprometido para mitigar la pobreza, asegurar el uso sostenible de los recursos y conservar tanto la vida terrestre como submarina contra las actividades humanas desmesuradas, así como la sobreexplotación de las especies y los recursos naturales que ponen en peligro la biodiversidad del mundo, de acuerdo a las metas relacionadas con los Objetivos 1, 12, 14 y 15 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, resalta la necesidad de observar el cumplimiento de las normas y reglamentos asociados a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para garantizar que los cambios de uso de suelo otorgados no afecten los ecosistemas naturales en el país.
En ocasión del Día Mundial de la Vida Silvestre 2020, que se celebra bajo el lema “Garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra” el cual coincide con el “Súper año para la biodiversidad”, se busca concientizar a la población sobre los beneficios de la vida silvestre, los componentes de la biodiversidad y las amenazas latentes, así como la oportunidad de aportar ideas que favorezcan la conservación y el uso sostenible de las especies de fauna y flora silvestres.
La CNDH refrenda su compromiso en la defensa e importancia de la protección de los recursos y áreas naturales mediante una perspectiva de derechos humanos que permita garantizar el derecho a un medio ambiente sano que permee en el desarrollo y bienestar de las personas.