Reglas para regularizar terrenos en áreas naturales protegidas, propone la diputada Tania Larios

Metrópoli
  • Se trata de incorporarlos a los centros de población para promover la legalidad y certeza jurídica de la tenencia de la tierra, con apego a criterios de sustentabilidad y gestión de riesgos

La diputada del PRI Tania Larios Pérez presentó una Iniciativa de reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, con el fin de dejar establecidas las reglas para poder regular y establecer la política de atención integral en materia de asentamientos humanos cuando se encuentren dentro de las Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación.

En la Iniciativa que presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México, la legisladora señaló que del año 2000 a la fecha, los asentamientos humanos irregulares se han triplicado, aunque es reconocido que los datos resultan imprecisos porque no existe una continuidad, monitoreo y seguimiento de los mismos.

Añadió que en la capital, se estima que los asentamientos humanos irregulares reflejan cerca de 100 mil 600 hogares en los que habitan 402 mil 429 personas en condiciones semiurbanas. Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y Tláhuac concentran mayor número de asentamientos humanos irregulares con 308, 186, 122 y 93 respectivamente. Esto indica que cuatro alcaldías concentran el 87 por ciento de los asentamientos humanos, ocupando una extensión territorial de dos mil 715.2 hectáreas y alojando 40 mil viviendas, así como cerca de 250 mil personas.

La también presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, propone que los asentamientos humanos irregulares en Suelo de Conservación puedan ser regularizados e incorporados a los centros de población para promover la legalidad y certeza jurídica de la tenencia de la tierra con apego a criterios de sustentabilidad y gestión de riesgos.

Para ello, se crearía el Comité de Regularización de Asentamientos Humanos como un órgano auxiliar de dictaminación que, con base en los resultados de la evaluación previa y la normatividad vigente, determine aquellos asentamientos humanos procedentes de regularización.

Para ser susceptibles de ser regularizados, los terrenos deberán tener, entre otros requisitos, antigüedad comprobable de al menos 20 años; condiciones de salud, educativas, laborales y de esparcimiento dentro del área de influencia del asentamiento para el correcto desarrollo de las personas, así como una población mínima del 50% en correlación a la colonia colindante inmediata.

Se asienta también que no podrán ser considerados como candidatos a regularizarse aquellos asentamientos humanos que se encuentren en condiciones de riesgo por cuestiones geográficas y físicas, u otra situación a cauda de fenómenos naturales; los que se encuentren en zonas de alto valor ambiental o patrimonial, o en condiciones de baja consolidación.

La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.