REDIM exige respuesta inmediata y articulada del Estado mexicano para atender a niñez reclutada en Guerrero

Desde la REDIM volvemos a expresar nuestra preocupación por el uso instrumental de los niños que realiza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), la cual, durante una asamblea comunitaria realizada el pasado 10 de abril, dio a conocer la incorporación de una treintena de niños entre seis y once años de edad para formar parte de las filas de la policía rural en una acción de autodefensa que se activó en la zona. Algunos de estos niños y adolescentes son hijos de los 10 músicos que fueron asesinados y calcinados en enero de 2020 y entre cuyas muertes se cuenta también la de un adolescente de 15 años.

El anuncio destaca la participación directa de niños, niñas y adolescentes en actos de vigilancia en las unidades de las CRAC-PF, lo que representa superar el acto simbólico del performance para configurar delitos como trata, ‘corrupción de menores’ y reclutamiento con consecuencias legales. Llamamos una vez más a reconsiderar esta postura y asumir como una gran responsabilidad la protección de las niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de violencia y reconocer sus derechos, haciéndoles partícipes de las soluciones comunitarias en la búsqueda de justicia y paz.

REDIM llevó este caso a instancias internacionales a través de la audiencia temática que se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de marzo del 2020, donde se documentaron las “Graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia armada en México: reclutamiento forzado y epidemia de niñez desaparecida”.  Lamentablemente siguen las respuestas fragmentadas, dependientes de la sensibilidad de funcionarios y nuevos recortes presupuestales para prevenir y atender la violencia contra la niñez.

Tal como lo hemos venido alertando desde enero de 2020, en REDIM consideramos que la presentación de niños y adolescentes —como parte de la policía comunitaria —se trata sólo de un intento desesperado de llamar la atención del Estado ante la impunidad que gozan las redes de macro criminalidad que mantienen las autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado de la zona; asumiendo silencio y omisión dolosa ante su obligación de investigar y hacer justicia a las víctimas de los grupos criminales en la Sierra de Guerrero.

Hay que recordar que la comunidad indígena tiene más de tres décadas con policías comunitarias creadas en respuesta al abandono del Estado mexicano y su omisión de garantizar seguridad y desarrollo social. En los últimos siete años el crimen organizado aumentó su control territorial, con la complicidad de caciques y autoridades, presuntamente con el objetivo de ampliar la siembra de amapola y procesamiento de otras drogas.

Diversas organizaciones indígenas, defensores de la tierra y periodistas locales han documentado el reclutamiento de adolescentes y jóvenes campesinos en el estado de Guerrero, donde los grupos criminales tienen campos de entrenamiento y esclavitud de personas jóvenes.

REDIM saludó que el pasado 15 de febrero en la sesión ordinaria de la COMPREVNNA del SIPINNA la Ministra Olga Sánchez Cordero presentó formalmente la “Estrategia para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Violencia”. La Secretaria de Gobernación agradeció a REDIM el impulso de esta iniciativa, toda vez que el 6 de enero del 2020 presentamos al presidente del SIPINNA, en Palacio Nacional, la solicitud de crear un proyecto estratégico 26, orientado a atender los impactos de la violencia armada en contra de la niñez.

Este sería uno de los compromisos del Estado mexicano ante la CIDH y las recomendaciones que realizó el Comité de Derechos del Niño de la ONU a México en 2011 y 2015. Para lograr el cumplimiento de la estrategia mencionada es necesario el fortalecimiento del SIPINNA, que se encuentra en un momento de fragilidad institucional. Recordamos la importancia de realizar la convocatoria a sesión ordinaria, también para atender este caso específico, a través de la articulación de los ordenes de gobierno federal, estatal y municipal.

Recordamos al poder legislativo que sigue pendiente la armonización legislativa para tipificar penalmente el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tal como lo han solicitado reiterado diversas recomendaciones de organismos internacionales y la propia REDIM.

Llamamos a la sociedad a evitar la criminalización de las familias indígenas, en especial de niños, niñas y adolescentes, y su policía comunitaria y a exigir al Estado que garantice la vida y desarrollo social de estas comunidades. Especialmente insistimos en las obligaciones del sistema DIF nacional y estatal para ofrecer apoyo y alternativas de protección a estos niños, sin ser separados de sus familias.

Asimismo, reiteramos la petición a periodistas y medios de comunicación a no difundir imágenes y datos que permitan la identificación de las niñas niños y adolescentes por el alto riesgo de ser blanco de grupos criminales.