REDESCA condena la cancelación de la personería de 26 universidades y asociaciones de fines académicos y sociales por la Asamblea Nacional de Nicaragua

Internacional

Washington D.C.- La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), condena la cancelación de la personería de 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua el día 2 de febrero de 2022. A esto se sumarían otras 3 fundaciones relacionadas con actividades académicas, canceladas por dicha Asamblea el 17 de enero de 2022. De igual manera, la REDESCA también recibió información de la cancelación de 7 instituciones más por el Ministerio de Gobernación, lo cual se publicó en la Gaceta Oficial de Nicaragua el 3 de febrero. Según información pública, la cancelación se daría por el presunto incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (No 147); en la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (No 977); y el Decreto Ejecutivo número 15-2018 que reglamente la Ley 977.

La Relatoría Especial, llama también la atención sobre la cancelación de la personería de la Asociación de Cantautores Nicaragüenses y de la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua, con el consiguiente perjuicio a la importante labor que ambas instituciones realizan en favor de los derechos culturales, como del derecho a la salud en el país.

Al respecto, la REDESCA recibió información de organizaciones de la sociedad civil señalando que en realidad las autoridades competentes se habrían negado a recibir la documentación que en términos generales las entidades ahora canceladas habrían tratado de entregar ante el Ministerio de Gobernación. Este hecho cobró estado público en el caso de la Universidad Paulo Freire mediante publicaciones en medios de comunicación. Asimismo, la Relatoría Especial advierte que el Poder legislativo aprobó leyes que crean nuevas universidades, reemplazando a las extintas y traspasando todos sus bienes a estas nuevas instituciones. De igual manera, se indicó que las autoridades de las universidades reemplazantes serán nombradas por el Consejo Nacional de Universidades, institución adscrita al régimen. Adicionalmente, preocupa a la REDESCA que esta situación sea parte de actos de hostigamiento e intimidación en contra de asociaciones y universidades privadas que no estarían compartiendo los postulados del régimen, lo cual es contrario al Principio IV de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.

De manera particular, la REDESCA tiene conocimiento que la Universidad Paulo Freire ejecutó el Programa de Continuación de Estudios Superiores (PROCES), para las y los estudiantes que hayan sido expulsados injustamente de las universidades públicas, a fin de que continúen sus estudios en esa institución. De igual manera, la REDESCA recuerda que estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), también cancelada, tuvieron un papel protagónico en las protestas de 2018 y se oponen al Gobierno. Así mismo, la REDESCA recuerda que al momento 6 activistas estudiantiles se encuentran detenidos desde el año pasado, como es el caso de Lesther Alemán, Max Jerez, Sergio Beteta, Kevin Solís, Muammar Vado y Samantha Jirón. Del mismo modo, la REDESCA expresa su preocupación por la salida forzada del país del rector de la Universidad Paulo Freire y del estudiante que encabezaba el programa PROCES de la misma casa de estudios.

La REDESCA condena enérgicamente la medida de cancelación de la personería de las 26 instituciones, considerando que la misma se enmarca en el patrón de afectación a las libertades y derechos sobradamente documentado por la CIDH. De esta forma, expresa su especial preocupación por el grave impacto que la implementación de dicha disposición supondría para el derecho a la educación, a la libertad académica y la autonomía universitaria, a los derechos laborales de las personas que trabajan en las entidades afectadas y a los derechos sociales que contribuyen a proteger desde sus respectivas misiones.

Frente a esta situación, la REDESCA recuerda que Nicaragua tiene la obligación de desarrollar progresivamente los DESCA, a la luz de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y otros instrumentos internacionales de los cuales es parte, siendo esta una medida de carácter regresivo que contraría dicha obligación. En cuanto a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, la Relatoría Especial recuerda que los principios interamericanos en la materia señalan que las regulaciones estatales sobre educación deben estar encaminadas a la garantía del proceso de aprendizaje, enseñanza, investigación y difusión de forma accesible, plural, participativa y democrática, así como a garantizar el autogobierno de las instituciones académicas que incluye, entre otros, el libre funcionamiento de los planteles docentes o cuerpos estudiantiles. De igual manera, impacta negativamente en la libertad académica el cierre o la no renovación de acreditaciones de instituciones, bibliotecas, laboratorios u otros espacios en los que se desarrolla la actividad académica como represalia por disentir de la visión ideológica del gobierno.

Considerando lo anterior, la REDESCA exhorta al Estado a que se abstenga de obstaculizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación vigente y deje sin efecto la cancelación de la personería de las 26 entidades, arbitrando los medios necesarios para que las mismas puedan cumplir con tales requisitos con todas las garantías administrativas y de debido proceso. A la vez, exhorta al Estado a respetar y garantizar los principios y los derechos relativos a la libertad académica y a la autonomía universitaria, conforme a los estándares interamericanos, absteniéndose de afectar el derecho a la educación superior y el derecho de asociación en razón de la opinión política o ideológica de las personas o instituciones.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, especialmente creada para fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en la materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.