Como parte de las actividades del Foro “Inclusión y diversidad, alcances de la participación y representación política de los Pueblos y Comunidades Indígenas: Proceso Electoral 2021-2022”, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, participó en el panel “Desafíos de la consulta indígena en México”, en donde afirmó que la consulta es un derecho bisagra que da paso a todas las garantías que deben tener comunidades y pueblos indígenas.
La magistrada Otálora Malassis refirió que, en el ámbito nacional, el derecho a la consulta se reconoce tanto en el artículo segundo de la Constitución como en algunas legislaciones aplicables que lo contemplan. Destacó que la relevancia de la consulta indígena es entender que la libre determinación y el autogobierno reconocido por la Constitución, requiere que el Estado y todas sus autoridades e instituciones fortalezcan la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, sobre todo cuando estos grupos puedan ver afectados sus intereses.
Ante la presencia de líderes e integrantes de pueblos y comunidades indígenas del estado de Hidalgo, autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil, la magistrada de la Sala Superior expuso tres planteamientos sobre el derecho a la consulta: la construcción legal y jurisprudencial del derecho a la consulta, que puede revisarse como garantía de comunidades y pueblos indígenas, como obligación de las autoridades de garantizar su aplicación ante cualquier medida que pueda afectarles; el papel fundamental de las autoridades en materia electoral; y los desafíos que se tienen en la consulta en materia indígena.
Asimismo, subrayó que la consulta como derecho, es una garantía de las comunidades y pueblos indígenas a participar mediante sus instancias representativas y, como obligación, las autoridades deben hacerla efectiva ante cualquier medida que aplique el derecho a la consulta.
En tanto, el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, presidente de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Congreso del Estado de Hidalgo, destacó que uno de los aspectos más relevantes dentro de la agenda estatal tiene que ver con la participación de los pueblos originarios en la vida pública, al igual que la defensa de los derechos de este sector de la sociedad, por lo que subrayó el compromiso que el legislativo local tiene con estos grupos y erigirse, dijo, como garantes de sus derechos y libertades a través de una legislación justa, equitativa y transparente.
Durante su intervención, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Hidalgo, María Magdalena González Escalona, coincidió en la importancia de reconocer y defender los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas para participar en las consultas. Hizo referencia al caso de la comunidad de Ahuatitla, derivado del expediente SUP-REC-2004/2020 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el cual se mandató esta consulta indígena, la cual se llevó a cabo con el apoyo de las autoridades electorales locales.
Álvaro Esteban Pop Ac, representante de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, señaló que no solo se trata de evaluar los retos y desafíos que se tienen en la consulta de pueblos indígenas, sino también los retos en construcción de ciudadanía, plena participación democrática y pleno cumplimiento de los derechos constitucionales que se han logrado a lo largo de 200 años de vida libre de los países latinoamericanos; invitó a ver más allá de la realidad que viven estas comunidades y adelantarse al reconocimiento de sus derechos.
En tanto, la consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, Rosselvy del Carmen Domínguez, adelantó que en esa entidad están por realizar una consulta indígena que tiene su origen en 2019, pero que se suspendió por la aparición de la pandemia del Covid-19.
