En congruencia con la Constitución, con los acuerdos del nuevo tratado comercial con norteamérica y con el compromiso de atender primero a los pobres, el gobierno debería promover un aumento gradual y constante al salario mínimo (SM) para que sea suficiente para mantener a una familia, y avanzar en el propósito de recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.
Para no afectar la buena marcha de la inflación, ni la recuperación de las empresas, el salario mínimo de 2021 podría fijarse en 156 pesos al día, que incluye dos puntos por encima del 4.0% de la inflación anual estimada de 2020, mas 25 pesos de compensación otorgado a través del Monto Independiente de Recuperación, lo que hace una diferencia de casi 33.00 pesos frente al salario actual de $123.22.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza envió al doctor Luis Felipe Munguía, nuevo presidente de la Conasami, un documento con la propuesta de un incremento que sea 2 puntos por arriba de la inflación, como porcentaje de referencia, más un monto independiente de recuperación (MIR) de 25 pesos. Este último debería hacerse anual de aquí al 2024 para llegar a la meta de un salario suficiente, como manda la constitución.
El objetivo es que los trabajadores que ganen un salario mínimo tengan un ingreso suficiente para mantener una familia. Si cada año el SM es compensado con un monto de recuperación de 25 pesos, al terminar la administración del presidente López Obrador, en el año 2024 los trabajadores tendrán un salario mínimo suficiente para adquirir dos canastas básicas, lo cual será benéfico para
la mayoría de las familias, considerando que en promedio los hogares mexicanos están integrados por 4 personas y cuentan con dos perceptores de ingreso.
El costo de la canasta básica se ubicó en septiembre de 2020 en 3,255.60 pesos, el salario mínimo mensual llegó a 3,696.60 lo cual es insuficiente para sostener un hogar donde comen, visten, se transportan, se asean 4 personas, quienes además pagan renta o mantenimiento de la casa, y tienen otros gastos básicos de vivienda (gas, luz).
La reconstrucción económica pos covid 19 debe hacer una escala necesaria en la reconstrucción ética del mercado laboral caracterizado por el alto nivel del desempleo y la precarización de los trabajadores, tendencias que se acentúan en una recuperación que se ha dejado solo en manos de los empleadores, sin incentivos y con escasa vigilancia en el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, la contratación y demás derechos laborales.
La economía nacional debe recuperar su capacidad para generar trabajo digno en cantidad y calidad suficiente para emplear, en especial a las mujeres y a los jóvenes excluidos del mercado laboral; así como eliminar prácticas abusivas de contratación como el llamado outsourcing; promover el sindicalismo que negocie y defienda los derechos de los trabajadores, y un programa de autorregulación laboral fiscalizado por el Estado.
Un paso indispensable es la recuperación gradual del salario con aumentos constantes al salario mínimo para subsanar la capacidad adquisitiva perdida de más del 70 por ciento en el período de 1976 hasta fechas recientes.
La recuperación económica post Covid se ha iniciado pero con desventajas para los trabajadores, porque está favoreciendo la creación de empleos precarios, es decir con bajos salarios y sin las obligaciones y prestaciones que establece la ley. La recuperación observada hasta ahora profundiza la tendencia del mercado laboral mexicano de excluir a las mujeres y a los jóvenes.
Por primera vez en 30 años, en 2018, el aumento al salario mínimo fue superior a la tasa de la inflación y superó en centavos el límite de la línea de pobreza, pero fue aún insuficiente para el sostenimiento de una familia, como lo mandata el artículo 123 constitucional,
En congruencia ahora se debe mantener la recuperación gradual del salario de los trabajadores, como parte de una nueva política laboral, que evite la pobreza laboral. #QuienTrabajaNoDebeSerPobre
Sin embargo, aún antes del Covid, el 57% de quienes tenían trabajo subordinado y asalariado no ganaban lo suficiente para adquirir dos canastas básicas. Y el 42% carecían de afiliación a la seguridad social, con lo cual se les coloca en la informalidad y el 53% carecían de contratación
estable. Y todo esto empeoró con la pandemia. (Datos Observatorio de Trabajo Digno. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza)
Preocupa, sin embargo, que el gobierno federal haya sido omiso en la recuperación del mercado laboral, dejando bajo la responsabilidad a los empleadores, sin establecer prácticas, criterios y normas que propicien la reducción de la informalidad del mercado, el desempleo y el fomento del trabajo digno; es decir con salario suficiente, seguridad social, contratación estable, prestaciones y defensa de sus derechos laborales. El presidente ha anunciado el envío de una iniciativa de ley que regula el outsourcing para eliminar prácticas abusivas e ilegales, que en su mayoría ya están prohibidas. El problema es la falta de vigilancia y de sanciones, así como la ausencia de mecanismos efectivos de auto regulación de empresas que sí cumplan.
De acuerdo a los datos más recientes de INEGI la Tasa de Participación Económica apenas alcanza el 55 % de la fuerza laboral. Las mujeres siguen excluidas con una tasa de participación de apenas 39%, es decir 6 de cada 10 mujeres están excluidas del trabajo remunerado y del mercado laboral. La situación de los hombres es mejor, pero aún es insuficiente, ellos participan con una tasa de 73%, es decir 7 de cada 10 están en el mercado, aunque la mayoría en condiciones precarias. Hay 21 millones 600 mil mujeres excluidas del mercado laboral, de ellas casi 17 millones no pueden salir a buscar trabajo porque están a cargo de trabajos no remunerados del hogar y en el cuidado. (Ver próximo reporte especial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza a fin de noviembre).
El mercado laboral ha alcanzado un límite de riesgo porque el trabajo ha dejado de ser la puerta de salida de la pobreza. Millares de jóvenes sin empleo, mujeres confinadas al cuidado del hogar, de niños y parientes enfermos, frenan el crecimiento de la economía y amenazan la estabilidad social.
