El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo al Dictamen presentado este viernes en las comisiones de Hacienda y de Trabajo, en torno a reformas en materia de subcontratación laboral (outsourcing) que amplían para la IP, el plazo solo por un mes para dar cumplimiento, mientras que el gobierno –principal contratante- se dio un año; por lo que planteó la necesidad de extender el margen a las empresas a enero próximo.
Con la representación de Antonio Ortega Martínez en esta reunión, el PRD recriminó el hecho de que haya un trato diferenciado a la Iniciativa Privada y no se mida con la misma vara a los sujetos obligados: “Hay aquí –señaló el Secretario de la Comisión de Hacienda- una injusta preferencia”, pues la Administración Pública se da un plazo de regularización hasta el inicio del ejercicio fiscal 2022, y para la IP el vencimiento es mañana 31 de julio.
Ortega Martínez explicó que, en la práctica, llevar al cabo todo el proceso de cumplimiento para una empresa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y el Sistema de Administración Tributaria, implica más de 90 días (para el caso de una firma ya regularizada); pero si tiene que regularizarse y pagar adeudos, este proceso puede implicar hasta a 6 meses.
“Una empresa, antes de cumplir el último requisito que es estar inscrito en el padrón de empresas de subcontratación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, deberá cumplir con estar al corriente con sus obligaciones fiscales y obrero-patronales. ¡Ese solo requisito, en un contexto de pandemia, es simplemente incumplible en 30 días!”, aseguró.
“Si hoy nos metemos a la página del Sistema de Administración Tributaria para hacer una cita y ponernos al corriente en nuestras obligaciones fiscales, la tendremos hasta en un mes. Después ir al IMSS significa tener los registros contables actualizados y comenzar a pagar cuotas obrero-patronales, no solo ir a ser registrados”, detalló.
Lo anterior, aclaró Ortega Martínez, “siempre y cuando estén funcionando las instancias gubernamentales de manera óptima, lo que no está pasando pues tan solo las oficinas de administración tributaria trabajan al 50 por ciento de su capacidad y personal, mientras que el sistema de registro de empresas de servicios de subcontratación se pasa la mayor parte del tiempo colapsado y en mantenimiento.
El legislador federal refirió en esta oportunidad que, a través del esquema de subcontratación hay unos 4 millones de empleados de los cuales, solo alrededor de un millón 600 mil trabajadores han sido transferidos.
De acuerdo con datos de COPARMEX –agregó- al menos 400 mil empresas usan esquemas de subcontratación y, a julio, faltaban más de 350 mil compañías por registrarse en el Sistema que ha tenido diversos problemas de saturación e –incluso- si uno intentara registrar una nueva firma en este momento, no podría porque el servicio lleva tres días suspendido.
No estamos –aclaró- ante empresas que se niegan a regularizarse o a registrarse, sino ante empleadores cumplidos que no pueden llevar al cabo su registro en los plazos y tiempos que se determinaron de manera arbitraria y unilateral, donde –incluso- el gobierno no tiene la capacidad de acatarlos, ni como autoridad, ni como subcontratante.
Hoy, refirió, los plazos para cumplir con las obligaciones de empresas subcontratadoras están suspendidos en el IMSS en tanto se aprueba la reforma, igualmente hoy se eliminó el requisito de estar al corriente en el INFONAVIT para ingresar al registro porque vieron que no era operante, el registro ante ese Instituto solo es válido después del primer pago de cuotas.
“Los datos nos arrojan que más del 75 por ciento de empresas con esquemas de subcontratación no han podido cumplir con el registro ni con los requisitos que la reforma les exigió. Con ello, más del 60 por ciento de los trabajadores en ese esquema no tienen aún certeza jurídica y no han sido beneficiados por las bondades de la reforma que se hizo en abril y hoy se pretende tapar el bache con una reforma que amplía el plazo 30 días más” pero que son insuficientes, fustigó.
Un ejercicio básico, destacó, nos dice que la ampliación es limitada. Más, partiendo de que se han tenido 70 días con el sistema funcionando con caídas, con suspensiones o saturado, pero funcionando; y aún no llegamos ni a la mitad de registros. La realidad es tal, que parece un mal chiste querer arreglar los problemas generados con una ampliación de solo 30 días.
Concretó que el PRD presentaría una reserva ante el Pleno para que los plazos se amplíen hasta el 1 de enero del 2022 a fin de que la iniciativa privada sea tratada con la misma medida con la que la Administración Pública para cumplir con estos requisitos. Además, que se tome en cuenta la intención de registro, y la necesidad de terminar los trámites administrativos de pre requisitos de manera que se la ampliación del plazos sea en condiciones específicas y particulares.
Finalmente, Antonio Ortega Martínez aclaró que el GPPRD se sumó y fue promotor de la desaparición de outsourcing. “Aceptamos la regulación de este sistema; pero siempre estuvimos en contra –en abril y ahora- de los plazos porque son insuficientes, y más con este trato diferenciado que se da la administración pública, que es la principal contratante del outsourcing.
