El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados rechazó este miércoles el Dictamen que reforma el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Hidrocarburos bajo la premisa de que Morena y sus aliados pretenden retornar a tiempos superados y borrar “de un plumazo”, los principios del libre mercado, la competencia y concurrencia económicas, respaldados en la Constitución Política. Ahora, dijo, la finalidad es volver a hacer de Petróleos Mexicanos un monopolio.

Con la representación del Grupo Parlamentario del PRD, Antonio Ortega Martínez acusó en cambio que, en realidad, esta controvertida ley (igual que la recién aprobada de la Industria Eléctrica) otorga -como a ninguno de los secretarios o directores de las épocas monopólicas- un enorme poder discrecional a Rocío Nahle y a Manuel Bartlett, titulares de Energía y CFE respectivamente, como: Cancelar permisos, imponer barreras adicionales a viejos y nuevos permisionarios, expropiar, intervenir activos, extorsionar, asfixiar hasta la quiebra, hasta  bloquear o desplazar cualquier proyecto privado en desarrollo que consideren ajeno o competitivo y no se alinee.

Ante el Pleno, Ortega Martínez señaló que ni la ley ni este transitorio tienen una base constitucional por lo que emplazó a los promoventes de Morena a que, si en verdad insten en esta aberración, cambien la Constitución.

“No hay argumentos, solo escuchamos insultos, estigmatizaciones y generalizaciones de corrupción y, en lugar de dar incentivos, se reciben amenazas de cancelación de permisos a gasolineras privadas, para que no “delincan y especulen” y “se apropien” del subsidio a la gasolina que otorga Hacienda; sin embargo –aclaró- el problema que padecemos de gasolina cara, no tiene nada que ver con los concesionarios, sino con los subsidios y la incompetencia de Pemex”.

El legislador federal destacó que -desde el punto de vista jurídico- el desatino es mayúsculo pues no importa a Morena y sus aliados que las recientes reformas a la Ley de Hidrocarburos se encuentren en litigio con múltiples amparos y controversias constitucionales: “La mayoría es omisa al hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha emitido posición final aún y ya dan ‘una vuelta más a la tuerca’ con este transitorio mediante el que pretenden anular la esencia de la reforma energética en materia de hidrocarburos, invalidar el marco constitucional vigente (que establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos), y regresar a un mercado dominado por un monopolio estatal”.

Si temor a equivocarme, agregó, podemos afirmar que una sociedad en donde rige una genuina competencia económica, se contará con una vigorosa innovación y progresivo crecimiento de la masa de bienes y servicios producidos; pero si por el contrario, mantenemos las prácticas monopólicas, se perpetua un sistema de privilegios sobre la base de ganancias extraordinarias que el resto de los actores económicos pierden a través de mayores precios, reforzando así la concentración del ingreso en unas cuantas manos.

Con este dictamen, subrayó el también secretario de la Comisión de Hacienda en este recinto legislativo, el actual gobierno está tratando de modificar reglas  vitales, para cambiar el sistema económico y pasarlo de uno primordialmente con características de mercado, a otro con mayor intervención gubernamental.

Antonio Ortega Martínez dejó en claro que poner barreras o restricciones de oferta en alguno o varios de los eslabones en la cadena de valor, genera concentración de mercado lo cual otorgaría poder a ciertos agentes permitiéndoles incrementar su precio y su margen, lo que afectará finalmente a los consumidores; es decir: Las familias y las empresas mexicanas.

Ante este escenario que afectará aún más a los bolsillos y la economía del país, el diputado recalcó que el Grupo Parlamentario del PRD no avalaría este dictamen porque, al igual que la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos, es violatorio de nuestra Carta Magna, atenta contra los acuerdos que hemos signado con nuestros diversos socios comerciales, y representará un nuevo golpe a la confianza de los inversionistas con el consecuente retraso en la recuperación económica y freno a la creación de empleos que tanto necesitamos.

“Esta reforma está condenada al fracaso, es un retroceso al pasado que erige a Pemex, en lugar de los consumidores, como la razón de ser y la finalidad de la industria petrolera”, concretó.