El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática rechazó el linchamiento político que desde el gobierno federal -a través de sus diputados de Morena y aliados del PT, PVEM y PES- se ha emprendido contra los opositores, para dar lugar a una “justicia selectiva” en la que “se protege a los amigos y se castiga a los enemigos”. En este caso, aseveró, el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra quien se realizó un “juicio de procedencia” para retirarle la inmunidad de manera que pueda ser puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder a acusaciones de “defraudación fiscal”.
A través del Diputado Antonio Ortega Martínez, el PRD en San Lázaro fustigó el hecho de que la Sección Instructora que encabeza el morenista postulado por el Partido del Trabajo, Pablo Gómez Álvarez, haya dado celeridad al caso del gobernador tamaulipeco y no, por ejemplo, el procedimiento contra el senador de MORENA, Cruz Pérez Cuéllar, solicitado dos meses antes por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, sobre quien se promoverá –indicó- un dictamen ‘a modo’, aduciendo que las pruebas son impertinentes e innecesarias.
Recordó además la solicitud presentada desde enero por la Fiscalía General de la Ciudad de México para retirar el fuero al petista Mauricio Toledo y para el cual, acusó, “ni siquiera tenemos una fecha tentativa para su resolución”.
Ante el Pleno que se erigió como “Jurado de Procedencia”, el decano Antonio Ortega recordó a su par Pablo Gómez que él y “su séquito en la Sección Instructora han tenido una actuación tan vergonzosa como la que en 1968 tuvieron el juez y los magistrados que, por consigna, lo procesaron junto a otros luchadores legítimos” del movimiento estudiantil de la época.
El perredista sostuvo en esta oportunidad que el Grupo Parlamentario del Partido del Sol Azteca luchará y promoverá siempre y en todas las circunstancias, que las y los funcionarios rindan cuentas de sus actos; sin embargo -subrayó- lo que estamos testificando en el gobierno de la llamada “4T”, es que la mejor forma de garantizar la impunidad es armando un tinglado que, aparentemente combata la corrupción frente a la opinión pública (nacional e internacional); pero su único objetivo es asegurar que ningún funcionario público afín a sus intereses sea sancionado por sus conductas ilícitas.
“Estamos ante una espada de Damocles, que lo mismo puede proteger a los amigos, que castigar a los enemigos. Justicia selectiva que no es justicia”, refutó el también integrante de los comités de Ética y de Decanos de la actual Legislatura quien, de frente a su par Gómez Álvarez (ejecutor del juicio de procedencia contra García Cabeza de Vaca), expuso que “días después del 2 de octubre del 68, empezó la persecución y detención de los principales actores.
“¿A quién detuvieron primero, Pablo? Detuvieron a Félix Goded; a Rubén Valdespino; a Arturo Zama; a Castillo. Detuvieron a cuatro trabajadores del taller del Partido Comunista donde se imprimía “El Machete”. Unas semanas después detuvieron a algunos dirigentes del Consejo General de Huelga; pero también a dirigentes del Partido Comunista, Pablo, compañeros tuyos: A Fernando Granados, a Mario Hernández, a Gilberto Rincón Gallardo, a Salvador Sáenz, a Adolfo Mejía. Y semanas después, la tercera generación de detenidos: Luis González de Alba, Gilberto Guevara, Raúl Álvarez Garín y a ti, Pablo Gómez”.
Con esto, aclaró Antonio Ortega, “hago un intento por persuadir a Pablo Gómez de que se haga cargo de su comportamiento en este Juicio de Procedencia porque quedará registrado en su haber, en su historia política”.
“Pablo Gómez conoce bien esto que voy a comentar: Doscientos detenidos en cuatro semanas después del 2 de octubre ¿acusados de qué? Robo, secuestro, daños a propiedad de la nación… A (Gerardo) Unzueta, padre de nuestra coordinadora de asesores del Grupo Parlamentario, dirigente del Partido Comunista, Pablo, lo acusaron por el robo de 76 pesos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué mencioné a Pablo en mi intervención? Porque sabe que hay una persecución política, como persiguieron a los dirigentes del Partido Comunista en el 68, después fueron acusados –entre ellos a Gómez Álvarez- de “sedición social”, de “subversión”, de “conspiración” contra la Patria, de “incitación a la rebelión”.
“¿Qué quiero decir? Pablo, no patees a la historia con este comportamiento porque estás pateando a tu propia historia”.
Antonio Ortega Martínez recalcó que este procedimiento puede ser objeto de múltiples interpretaciones debido a las deficiencias legales con las que se realizó y que han permitido una impunidad de funcionarios públicos que, por desgracia, sigue siendo la regla de todos los días.
“En nuestro país, la justicia es selectiva y la exigencia de responsabilidad es discrecional, por lo que no vivimos en un Estado de excepción; pero tampoco en un Estado de derecho sin excepción, lo cual genera y potencializa la impunidad”, aseveró.
“Hoy, acusó, veremos cómo la justicia ‘a modo’ de Morena y sus aliados, condenarán a sus opositores pero protegerán a sus allegados, y debemos decir con claridad que el teatro que ha armado la mayoría en este asunto es lamentable: Desde la transmisión pública de sesiones de la Sección Instructora (que, constitucionalmente, deben ser reservadas); la sustitución de sus integrantes para asegurar la mayoría, y la omisión del cumplimiento de plazos”.
“Todo ello, censuró, para garantizar el linchamiento político de un gobernador de oposición, de frente a la debacle electoral cuya cercanía pone nerviosa a la hoy mayoría que, después del 6 de junio, estamos seguros, dejará de serlo”.
“Estas, sin lugar a dudas, no pueden ser las condiciones ideales para llevar al cabo una función jurisdiccional que requiere que todas y todos quienes emitiremos un voto, gocemos de autonomía e independencia para valorar lo que imputador e imputado pongan a nuestra consideración”, observó.
“En el Grupo Parlamentario del PRD, creemos fehacientemente que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una tarea pendiente del Estado mexicano, a pesar del encendido discurso presidencial. Sin embargo, el procedimiento de desafuero no es una declaración intrínseca de culpabilidad, sino que pone al imputado, a disposición de las autoridades a quienes sí corresponde esta tarea; sin embargo, no nos exime del cumplimiento de los principios fundamentales del proceso penal”.
Es por ello, concretó, que estamos convencidos y convencidas de que esta lucha de MORENA contra la corrupción es ficticia, fraudulenta y engañosa. De otra manera, debieran poner en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción que, sin duda, pondría tras las rejas a muchos Ackermans, Píos López Obrador, SanJuanas o AnaGuevaras.
“El gobierno de cuarta que hoy tenemos, ha dado muestras fehacientes de la protección a la corrupción que promueve para sus amigos, y el yugo persecutor para quienes osan alzar la voz y oponerse a sus designios. No obstante, debe quedar claro que la impunidad solo será combatida con efectividad el día en que la Fiscalía General de la República ejerza su autonomía; cuando las malas prácticas en el servicio público sean castigadas y no premiadas con un: ‘No te preocupes, Eréndira’”.
Ante este escenario, finalizó Ortega Martínez, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de la declaratoria de procedencia porque estamos ciertos de que todas las personas tienen derecho a enfrentar una justicia imparcial y expedita por lo que esperamos que el Poder Judicial de la Federación actúe respetando los derechos humanos del imputado, mismos que esta Cámara le ha negado y que el Congreso del estado de Tamaulipas debe reponer.
