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Ratifica el Senado a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como secretaria de la Función Pública

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Una vez revisados los requisitos legales de idoneidad, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento que expidió el Presidente de la República a favor de la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros como Secretaria de la Función Pública.
Tras rendir la protesta de ley, la titular de la Función Pública dijo que esta Institución “va a caminar con mucha firmeza en el combate contra la corrupción, en la auditoría gubernamental y en la fiscalización de los recursos públicos, así como, de igual forma, en el combate contra la impunidad”.
Agrego: “Vamos a analizar cada uno de los casos que son bien conocidos y también los que no se conocen tanto, esta tarea se hará con imparcialidad absoluta”.
La nueva Secretaria de la Función Pública es Doctora y Maestra en Ciencia Política por la Universidad de California; Maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y Licenciada en Sociología por la UAM.
Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales desde hace 20 años y durante más de una década ha sido Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, ambos de la UNAM. A partir del 2004 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel tres, el más alto rango con el que reconoce a un investigador por su labor académica.
En su trayectoria destaca que ha sido investigadora afiliada al Centro para el Estudio de la Ética “Safra” de la Universidad de Harvard; profesora del Instituto de Estudios Políticos de París (Science Po Paris) y recibió la Cátedra “Alfonso Reyes” para México, América Central y el Caribe de la Universidad de La Sorbona de París, entre otras actividades.
Como Asambleísta Constituyente de la Ciudad de México, fue la diputada que más iniciativas presentó, entre las cuales sobresale su propuesta para que se constitucionalizara, por primera vez en el país, el Derecho fundamental a la Buena Administración Pública.