En la sesión virtual del Instituto Nacional Electoral, el consejero Ciro Murayama ratificó su postura para retirar a Félix Salgado Macedonio la candidatura de Morena al Gobierno de Guerrero.

El consejero aseguró que Salgado violó la ley y su partido fue omiso en la comprobación de los gastos de precampaña.
Esta es la intervención completa del Consejero Ciro Murayama:
Intervención en el acatamiento sobre Guerrero
Ciro Murayama, 13 de abril de 2021.
Hoy estamos aquí para acatar determinaciones del Tribunal Electoral, para hacer valer la Constitución y la ley.
La sentencia del Tribunal sobre la fiscalización de las precampañas en el estado de Guerrero aporta, a mi consideración, cinco conclusiones muy relevantes, que deben guiar nuestra decisión.
En primer lugar, la Sala Superior determinó que sí hubo precampañas del partido Morena en Guerrero para definir su candidatura a gobernador. Era verdad evidente y hoy es verdad jurídica.
Dos. Hubo precampaña y existieron precandidatos. El Tribunal confirmó lo que el INE vio y documentó: que distintos ciudadanos aspiraron a la nominación partidista y realizaron actividad política.
Tres. A pesar de tener un proceso interno de competencia por la nominación a la gubernatura y a pesar de tener precandidatos, el partido y los ciudadanos incumplieron con su obligación de rendir cuentas. Es ya un hecho jurídico irrevocable que Morena no presentó, como tampoco hicieron sus precandidatos, los informes de ingresos y gastos de precampaña. Y el Tribunal desmontó la pretensión de que, una vez concluida la fiscalización e incluso agotado el procedimiento oficioso, se vale enviar a última hora supuestos informes para eludir responsabilidades ante el ocultamiento del uso de recursos.
Cuatro. El INE se apegó al debido proceso y dio derecho de audiencia. El INE emplazó al partido y a los candidatos y, como dicen los abogados, los venció en juicio. Hay faltas y las faltas merecen ser sancionadas, de eso no deja duda el Tribunal Electoral.
Cinco. La sanción estipulada en el artículo 229 párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es constitucional y, por tanto, es válido aplicarla. El Tribunal Electoral, como instancia jurisdiccional para interpretar y hacer valer la Constitución tiene la facultad de expulsar de nuestro marco jurídico fracciones de la ley que atenten contra la Constitución, es decir, contra los derechos fundamentales, pero en su sentencia el Tribunal confirma que la cancelación de una candidatura por incumplir con la rendición de cuentas de un precandidato no es una sanción excesiva ni lesiva de derechos. Punto.
En congruencia, hoy nos toca valorar qué sanción imponer a cada una de las personas que infringieron la ley. La sanción a Morena ya no es parte de este acatamiento, porque el Tribunal la confirmó: el partido ocultó sus precampañas, no registró ante el INE a sus precandidatos ni sus gastos. Dirigentes y representantes partidistas ante el INE quisieron ocultar la realidad, falsearon declaraciones al decir que no tuvieron contienda interna y fueron sancionados de forma justa. Eso dice el Tribunal y la multa impuesta por el INE a Morena por más de seis millones y medio de pesos es tan firme como irrevocable. Hasta ahí los hechos.
¿Cómo valorar, ahora, la sanción que corresponde a quien se constituyó como precandidato, a quien hizo precampaña y no rindió cuentas de sus ingresos y gastos, a quien al ser emplazado por la autoridad fiscalizadora negó ser precandidato, a quien vulneró la ley y, además, mintió? Creo yo que con la única y expresa sanción que prevé la ley. Sin atenuantes, sin titubeos. Dado que el Tribunal Electoral confirmó todos los hallazgos de la fiscalización del INE, nosotros no debemos sino confirmar la sanción impuesta, porque la conducta fue grave. Eludir la rendición de cuentas, financiarse de manera opaca, querer engañar a la autoridad diciendo que no hubo precampañas cuando existieron, tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las que la ley contempla. Nada más, pero nada menos.
Por supuesto que Morena tiene derecho a participar en las elecciones en Guerrero. Y tiene derecho a ganar si la ciudadanía así lo decide. Qué duda cabe. Lo que no tiene derecho es a imponer candidatos que violan la ley. A Morena le consta que hubo miles de precandidatos que entregaron sus informes de ingresos y gastos de precampañas y que, por tanto, fueron avalados por esta autoridad. El INE fiscalizó a 6,494 precandidatos en todo el país, de todos los partidos. Precandidatos a gobernador hubo 73, de los cuales 9 fueron de Morena. Y se detectó, sólo, a omisos en Guerrero y Michoacán. Todos los demás, pudieron ser registrados y mantener su candidatura no por deferencia del INE, sino porque cumplieron la ley. Ahí están, en campaña, Alfonso Durazo, Layda Sansores, Indira Vizcaino, Miguel Ángel Navarro, Rubén Rocha, Celia Maya, Clara Luz Flores, Juan Carlos Loera y David Monreal, todos candidatos de Morena a gubernaturas que presentaron en tiempo y forma sus informes de ingresos y gastos de precampañas o no hicieron precampañas. Eso demuestra que el INE no le tiene animadversión a Morena, ni a ningún otro partido, pero tampoco tiene temor para aplicar la ley. La falta no es de quien la ve y la sanciona, sino de quien la comete. Y, por supuesto, no ha lugar a que se amenace con impedir el ejercicio democrático en las urnas si no se conceden las pretensiones de quien infligió la ley. Eso es autoritarismo sin matiz alguno.
Con mi voto a favor del proyecto, acato lo que me ordena el Tribunal. Hasta aquí dejaría mi intervención si no fuera necesario explicar, como lo es, lo que pienso, como integrante de un órgano constitucional autónomo, de los intentos de presión de que hemos sido objeto en los últimos días.
Reivindico el derecho de los partidos y de los políticos a inconformarse ante las decisiones del INE. No somos infalibles y menos aún somos omnipotentes. Bienvenida la crítica y las impugnaciones. Defiendo, también, todos los derechos políticos, como la libertad de expresión y manifestación.
Pero me deslindo y me opongo al asedio y a la intimidación. Y la mejor manera de repudiar esas prácticas autoritarias es no cediendo ante ellas.
El partido del gobierno, el partido en el gobierno, nada más y nada menos, ha usado su poder para descalificar a la institución electoral y a sus integrantes. Primero fue contra dos consejeros; luego sumaron sus dardos contra una consejera más y ahora ya se dice que a los siete que votamos por imponer la sanción que contempla la ley, a cuatro consejeras y a tres consejeros, se les hará un juicio político.
Además de esa votación, como todos saben, se dio una previa para evitar la sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados, y la votación fue nueve a dos. Se trata de mayorías tan públicas como rotundas y, ciertamente, incómodas. Pero no estamos aquí para complacer al poder, sino para hacer valer la Constitución, la ley y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía.
El actual Consejo General se integra por cinco consejeras y seis consejeros designados no por una, ni dos, sino por el consenso de tres legislaturas distintas de la Cámara de Diputados. Este Consejo nació con el respaldo calificado de todos, insisto, de todos los actores políticos. Apenas el año pasado se nombró a dos consejeras y dos consejeros, y de esa designación también hay votos a favor de las determinaciones del INE que le han hecho objeto de ataques y amenazas. Pero, a pesar del intento de chantaje, el árbitro, sereno, marca las faltas y no permite la inclinación de la cancha a favor de nadie.
Se los digo de manera diáfana. Al INE como institución no lo lograron cooptar. Tampoco lo pudieron doblegar. Ahora, así sea tarde, les toca aprenderlo a respetar si son demócratas.
Muchas gracias.