La austeridad del Gobierno federal pone en riesgo la seguridad en la tenencia de la tierra y abre la puerta a la ingobernabilidad, a nuevos conflictos sociales, alertó la diputada federal del PRI, Erika Sánchez Martínez, al exigir se enmiende la decisión de quitar presupuesto al Tribunal Superior Agrario, a los tribunales Unitarios Agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.La legisladora priista explicó: “se trata de órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía que brindan certeza jurídica de la tierra a los que menos tienen, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, a campesinos a los que se les da asesoría legal, y su alcance jurisdiccional puede medirse en el territorio nacional”.
México tiene una superficie de 197 millones de hectáreas, de las cuales, el 51 por ciento son núcleos agrarios, es decir, la propiedad social de la tierra equivale a todo el territorio de países como Venezuela, 1.5 veces el de Francia o dos veces la superficie de España.
Al decretar el titular del Ejecutivo federal no ejercer 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros, se frena y limita a los organismos jurisdiccionales, para hacer el trabajo de ordenamiento territorial, regularización de la propiedad de ejidos y comunidades, y las políticas públicas que fomentan el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral de más de la mitad del país, alertó Sánchez Martínez.
“Esta inactividad de la administración de la justicia agraria podría desencadenar conflictos por la tierra, ingobernabilidad a lo largo del territorio nacional”, reforzó.
La propuesta, insistió la diputada federal del PRI, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restituya el presupuesto y permita que los Magistrados Numerarios, Supernumerarios y encargados de despecho del los Tribunales Agrarios, continúen cumpliendo con sus atribuciones de impartir justicia en el campo mexicano; y en lo administrativo, cuenten con recursos para, entre otras cosas, pagar los servicios básicos y el arrendamiento de los inmuebles, al no contar con patrimonio propio.
La legisladora, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recordó que el futuro cercano es incierto, pues organismos como el Fondo Monetario Internacional, pronostican una contracción de la economía mexicana de menos 6.6 por ciento y una pérdida de empleos formales de 1.7 millones, por eso, la importancia de no crear nuevos conflictos sociales con el pretexto de la “austeridad republicana”.
