La diputada federal María Ester Alonzo Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no eliminar los estímulos fiscales otorgados a la gasolina ribereña y el diésel marino, que son el principal insumo para el desarrollo de los sectores pesquero y agropecuario, y apegarse a lo dispuesto en la Ley de Energía para el Campo.Precisó que el sector pesquero de nuestro país se encuentra en un estado de vulnerabilidad y pobreza, por lo que hoy más que nunca requiere de programas y estímulos que contribuyan a su reactivación, ya que los estímulos a los combustibles benefician directamente a los pescadores y acuicultores, permitiéndoles adquirirlo a un precio competitivo, asegurando con ello, la operación de las embarcaciones y granjas acuícolas, generando empleo permanente para ellos y sus familias.
La legisladora por el estado de Yucatán, refirió que la Cámara Nacional de la Industria Pesquera señaló en un comunicado que la decisión causa una seria afectación a estos dos sectores, considerados como estratégicos en la seguridad alimentaria y conformado en su gran mayoría por pequeños y medianos productores, para quienes el combustible representa hasta el 70% de los costos de operación de las embarcaciones y granjas acuícolas.
La legisladora Alonzo Morales expuso que existe evidencia de que una gran parte los trabajadores y sus familias, viven en poblaciones rurales aisladas, enfrentándose a mayores carencias en materia de bienes y servicios, como educación, salud, agua potable o electricidad.
Por lo que, insistió, es necesario respetar el esquema de estímulos, para poder cumplir con el motivo principal para los que fueron creados, impulsar la productividad y competitividad en las actividades agropecuarias y pesqueras del país.
“Con la eliminación de los estímulos fiscales, dichas actividades se encuentran en una situación de incertidumbre; al ser el combustible el principal insumo para la actividad pesquera y agropecuaria y que, al ser prácticamente incosteable su adquisición, el sector pesquero, por ejemplo, se verá obligado a reducir sus actividades, con repercusiones serias en la derrama económica, en empleos, suministro de alimentos, en el pago de impuestos y derechos de los 263 municipios costeros del país”, puntualizó.
Finalmente señaló que estas malas decisiones afectan a los sectores productivos del país, generan la pérdida de empleos y su eventual impacto social y económico, podrían generar resultados irreversibles para las familias mexicanas.
