Que el Ejecutivo federal informe a quienes buscan justicia cómo va operar el sistema nacional de víctimas: GPPRI

Deporte

Una vez que el Ejecutivo Federal concretó el recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tiene la obligación de informar cómo va a garantizar la atención y protección de los derechos humanos de las personas abusadas por delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio o trata.

Las diputadas federales del Grupo Parlamentario del PRI, Dulce María Sauri Riancho, Claudia Pastor Badilla y Mariana Rodríguez Mier y Terán, expusieron que las medidas de austeridad ponen en peligro el funcionamiento de una institución que se ha conducido bajo los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas.

Recordaron que el Presidente de la República es el jefe del Sistema Nacional de Víctimas y su trabajo es una prioridad del Estado, pues se trata de reconocer la deuda con quienes buscan justicia.

“En la tarea de atender, asistir y reparar los derechos de las víctimas no debe existir discusión, y para lograrlo, se requiere de crear condiciones y destinar mayores recursos”, expuso la legisladora Dulce María Sauri Riancho.

De ahí, el exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que informe sobre las acciones que ha puesto en marcha a fin de defender, atender y proteger a las víctimas del delito, después de ordenar el recorte del 75 por ciento al gasto de la CEAV, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, en el ejercicio fiscal 2020.

Las legisladoras del Revolucionario Institucional manifestaron preocupación, porque desmantelar esta entidad proactiva, provocará daños irremediables, tal y como lo planteó la Dra. Mara Gómez Pérez, en su renuncia a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La comisionada estableció que “para transformar una institución y que ésta atienda eficazmente sus responsabilidades, primero requiere del apoyo del Estado y segundo, de un soporte económico”.

Planteó que mutilar el presupuesto traerá consecuencias como:  el ajuste en la nómina, es decir, el despido de casi el 60 por ciento de personal; no hay recursos para pagar la renta, ni los servicios básicos de agua, luz, telefonía, internet en las oficinas centrales, ni de los 32 Centros de Atención Integral en la República Mexicana.

Se pierde el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con datos personales de 34 mil 215 víctima; desaparece el área de traslados para las personas que acuden a audiencias ante el M.P., Juzgados, la CNDH, o diligencias de búsqueda; se reducen en 30 por ciento los asesores jurídicos y no se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de cinco mil víctimas al mes.

También, quedarán pendientes más mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, la Corte Interamericana, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros.