Agustín Vargas *

Hace un par de semanas la cúpula del sector privado, aglutinada en el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por el regiomontano Carlos Salazar Lomelín, propuso al gobierno federal un plan económico plasmado en 10 puntos, mismo que tendría respuesta casi de forma inmediata. Sin embargo, a la fecha los empresarios no han recibido ninguna comunicación de la Presidencia de México.En dicho documento, los organismos que conforman el CCE enfatizaron que no están solicitando subsidios al gobierno, sino medidas de apoyo económico reales y efectivas encaminadas a preservar la planta productiva.

Ayer, de nueva cuenta la cúpula empresarial envió un plan al gobierno solicitando ahora una tregua fiscal, con el argumento de preservar el empleo. Al igual que el decálogo de los apoyos de emergencia, hasta ahora en Palacio Nacional han hecho oídos sordos al plan fiscal.

Ante la emergencia del Covid-19, los empresarios piden al Presidente Andrés Manuel López Obrador emita un decreto que permita que las empresas contar con tiempo para pagar sus impuestos y, con ello, tener un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo

Los empresarios del país dijeron no pedir ningún tipo de reducción de impuestos, a pesar de recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que dirige José Ángel Gurría, ha recomendado incluso la condonación de impuestos.

La petición está sustentada en el hecho de que la cuarentena exigida invariablemente afectará los ingresos de las empresas, además de quejarse que los contribuyentes enfrentan serias dificultades con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro, los cuales han resultado ser insuficientes para propiciar la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.

Por ello el CCE solicitó diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio 2019, tanto de personas físicas como morales durante 6 meses, o permitir que el impuesto que resulte en la misma se dé en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos. Para  el ejercicio fiscal 2020 pide lo mismo.

Cabe recordar que ante esta crisis sanitaria, la OCDE ha recomendado una serie de medidas emergentes de carácter fiscal a los gobiernos, cuya finalidad es evitar que se profundice la crisis económica y que las empresas y el empleo se mantengan.

Pareciera ser que hay una actitud convenenciera de parte de las autoridades y así lo deja entrever la cúpula empresarial, que considera que si para el paquete fiscal 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Arturo Herrera y el SAT han seguido puntualmente diversas recomendaciones de la OCDE para fortalecer las finanzas públicas y disuadir la evasión fiscal, ahora también deberían acatar las sugerencias de dicho organismo para aliviar la situación financiera de los contribuyentes.

Pide AMFE a CNBV trato de bancos

Es relevante que la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Enrique Bojórquez, decidiera sumarse a las instituciones financieras que aplicarán programas de apoyo a sus clientes que se vean imposibilitados de pagar sus financiamientos contratados, a consecuencia de la crisis económica que está provocando la pandemia del coronavirus, ya que estamos hablando de una cartera que sumó más de 400 mil millones de pesos en 2019 colocada por las sofomes e intermediarios no bancarios más grandes e importantes del país.

Para ello han enviado una carta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, en la que piden a autoridades, banca de desarrollo, fondos y entidades de fomento la aplicación de los mismos criterios contables especiales otorgados a la banca comercial para tener la posibilidad de aceptar la posposición del pago de sus créditos.

En concreto plantean: “los programas de apoyo versarían en forma general, y conforme a las mecánicas de apoyo de cada entidad afiliada, en el diferimiento total o parcial de capital o interés, por un lapso de hasta seis meses y con la posibilidad ya sea, de ampliar el plazo o diluir el pago durante el plazo restante de los créditos para construcción de vivienda y simple con garantía hipotecaria, así como los créditos individuales con garantía hipotecaria; créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas, tales como el automotriz, préstamos personales, de nómina y microcrédito; así como los créditos comerciales dirigidos a personas morales, personas físicas con actividad empresarial en diversas modalidades”.

De manera que, como se dice coloquialmente, el balón está en la cancha de la CNBV para que interceda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e instruya a la banca de fomento que también incorpore en sus políticas de operación los criterios de cartera vigente y contables en la calificación de los créditos apoyados, en el consumo de capital y en los reportes de las sociedades de información crediticia, léase los burós de crédito.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx