Agustín Vargas*
De nueva cuenta desde diversos foros se han emprendido campañas en contra de lo ocurrido en los gobiernos anteriores culpando de ello, incluso, a la pésima gestión de los actuales funcionarios del Gobierno Federal, que no atinan a definir sus funciones dentro de la administración pública federal.Casos y nombres hay muchos, pero la más reciente cacería de brujas se ha desatado en contra de empresarios que, acogiéndose a la figura de la subcontratación o outsourcing, han sido satanizados a más no poder, al grado de ser acusados de estar vinculados a delitos fiscales y de lavado de dinero.
Particularmente el Infonavit, que dirige Carlos Martínez Velázquez, informó que ya fueron detectadas “malas prácticas de los empleadores” y se prepara ya una iniciativa para combatir y sancionar con mayor severidad la subcontratación laboral.
Es más, el funcionario advirtió que se tienen ya acciones adicionales, como iniciar auditorías a los patrones para determinar el congelamiento de sus cuentas y hacer un proceso judicial.
Muy envalentonado está con este asunto el joven e inexperto director del Infonavit, porque seguramente siente de cerca el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, comandada por Santiago Nieto, principal persecutor de los “corruptos” y “mal portados” del pasado.
Pero en lo que ha hecho mutis Martínez Velázquez es en el tema de los 2,000 millones de pesos que entregó el fiscal Alejandro Gertz Manero al Presidente Andrés Manuel López Obrador, dinero que le pertenece al Infonavit, organismo de participación tripartita –trabajadores, empresarios y gobierno–, por lo que tal cantidad debería ser ingresada a las arcas del Instituto.
El tema no es asunto menor y al mismo tiempo delicado y sensible, pues se trata del patrimonio de una de las instituciones pilares de la seguridad social de los mexicanos. Desafortunadamente pocos se han detenido a pensar en ese asunto y a quienes se supone deben velar por el bienestar de los trabajadores del país, parece no interesarles.
El gobierno no puede ni debe disponer de ese dinero libremente, ni ser entregado al llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que dirige Ricardo Rodríguez Vargas, y menos ser utilizado para el pago de los premios de la “rifa del avión”. Los derechohabientes del Infonavit y la sociedad en su conjunto merecen una explicación a profundidad sobre el origen real del dinero, antes de dictarle destino.
Lo cierto es que el asunto tiene historia y viene del 2015, cuando Alejandro Murat era director del Infonavit. Su antecedente está en los contratos otorgados al grupo Telra Realty, para administrar las marcas registradas y la rehabilitación de diferentes desarrollos financiados por el Instituto.
Nada ha querido explicar el Infonavit ni ninguna otra instancia gubernamental sobre este asunto y entre más pronto se tiendan cortinas de humo y distractores en su alrededor rápidamente se desvanecerá el tema y esos 2,000 millones de pesos sustraídos del patrimonio de los derechohabientes del Infonavit habrán servido para financiar ocurrencias, sello característico de este gobierno. Ya se verá.
Economía alicaída
Para nadie resultó una sorpresa el dato del Inegi sobre la contracción de 0.1% que registro la economía mexicana en 2019, con relación a un año antes, aunque sí es de destacarse que es la primera caída anual en una década, cuando en 2009 el PIB mexicano se desplomó más de 5% golpeado por la crisis financiera mundial.
Lo más álgido de esta crisis económica en México—inducida o no—se presentó durante el cuarto trimestre del año, con una caída de 0.4% en términos reales. Esto en relación el mismo lapso de 2018.
Desde ese tiempo y aun antes, como hasta ahora, se debate sobre la certidumbre y el establecimiento de reglas claras para las inversiones del sector privado, elemento fundamental, como lo enfatizó ayer mismo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para reactivar el crecimiento de la economía.
El asunto es que, según Herrera, desde el gobierno están enfocados a reactivar la economía lo más rápido posible, atendiendo tres aspectos fundamentales: Movilizar cuanto antes el gasto público, impulsar obras de infraestructura en estados y municipios, y acelerar los proyectos de inversión del sector privado.
Este último, quizá, es el elemento más importante que el propio gobierno no ha logrado dinamizar, pues según Herrera aún no se han creado las condiciones para que la iniciativa privada pueda invertir.
“Necesitamos que el sector privado invierta, el sector privado invierte seis, para ser precisos, 6.7 veces lo que nosotros; por cada peso que nosotros ponemos, el sector privado pone casi siete pesos, entonces necesitamos crear condiciones para ellos, para que puedan invertir”, dijo el secretario de Hacienda luego de estar con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional.
La contracción anual reportada por el Inegi está dentro del rango estimado por el Banco de México, que en noviembre pasado revisó a la baja su previsión de crecimiento a una banda de -0.2% a 0.2%.
Como sea, las cifras representan un balde de agua fría para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió un crecimiento anual promedio del 4% para el PIB de México durante los seis años de su administración, una meta que, según expertos, resulta hoy improbable.
Outsourcing, mal necesario
Representantes del sector privado, líderes sindicales, Senado y el Gobierno Federal lograron el primer acuerdo en torno a la regulación estricta del outsourcing, o subcontratación en materia laboral.
Durante la mesa de trabajo de alto nivel para la reforma al outsourcing que se llevó a cabo el pasado lunes en el Senado de la República , los participantes en ese diálogo abierto estuvieron de acuerdo en la creación de un registro nacional de empresas que ofrecen el servicio de subcontratación, pero, además, coincidieron en que no habrá de legislarse con un afán de aterrorizar empresas y abrieron la puerta a que la reforma no sea retroactiva.
Y aunque de entrada los representantes empresariales plantearon que no es necesario hacer reformas, como expresaron Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, y Francisco Cervantes, de Concamin, aceptaron de la creación del Registro Nacional.
En México existen 8.2 millones de empleos bajo el esquema de subcontratación, pero los cambios regulatorios al sistema deben ser cuidadosos para no dañar la generación de fuentes laborales, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en dicha reunión.
En la reunión participaron el director del IMSS, Zoé Robledo; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; Lorenzo Roel, de la Comisión Laboral de Coparmex; y Octavio Carvajal Bustamante, presidente de la Comisión de Trabajo de Concamin, entre otros.
