Agustín Vargas *
Inició noviembre y con ello el jaloneo entre diputados por hacerse de más recursos para sus estados, aunque en realidad la lucha por el dinero ya comenzó desde hace algunas semanas y el enfrentamiento es directamente entre gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A más tardar, el 15 de noviembre la Cámara de Diputados tendrá que aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 (PPEF 2021) y se ha mencionado que el documento se apruebe sin dificultades, pues no presentó ninguna sorpresa, ya que está fundamentado en su principio de austeridad presupuestaria para fortalecer el equilibrio fiscal, al tiempo de canalizar mayores recursos a sus programa sociales y sus proyectos de inversión.
Aun cuando la estrategia hasta ahora seguida logra algunos resultados por lo pronto, como es el reducido deterioro fiscal comparado con el de muchos otros países, la expectativa oficial es demasiado optimista en cuanto al crecimiento, sobre todo frente a una coyuntura de crisis sanitaria que se extiende más de lo esperado -que requiere de una mayor cantidad de recursos para combatirla y posiblemente de mayor confinamiento- y en medio de medidas y políticas que claramente desalientan la inversión y el empleo. Todo esto dentro de una debilidad significativa de las fuentes de ingresos del sector público.
El monto del gasto público que se propone para 2021 alcanza 6.2 billones de pesos y según algunos analistas, es prudente en un marco de fuentes de ingresos notoriamente debilitadas, pero su composición se guía principalmente por sus objetivos político-clientelares, con base en los programas sociales y los proyectos de inversión icónicos desde el inicio de la administración.
La estrategia ignora las circunstancias económicas y sanitarias, derivadas de la peor pandemia de los últimos cien años. Más aún, bajo la amenaza de rebrotes de la epidemia que la puede alargar mucho más de lo previsto.
Se preserva el énfasis en los programas y proyectos actuales con una orientación político-clientelar. Se destinan cuantiosos recursos a Pemex y CFE sin considerar su rentabilidad relativa a otros destinos en aras de revivirlos como palancas del desarrollo nacional.
Los recursos dedicados a la salud se reducen respecto a este año, independientemente de la eficiencia en su uso. No se descarta una aceleración del gasto antes de las elecciones que ponga en peligro la situación financiera del sector público y genere propuestas de reformas fiscales en el año.
Corrupción y Nepotismo en Pemex
Diputados del PAN e integrantes del Grupo Anticorrupción (GAC) presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos de nepotismo y corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigida por Octavio Romero Oropeza, a quien acusan de la designación de familiares directos, como primos y sobrinos.
“Exigimos se investigue la ilegal designación de familiares directos hasta el 4º grado del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, lo que conforme a la legislación vigente constituye actos de nepotismo consideradas faltas administrativas graves”, señaló Marcela Torres Peimbert, coordinadora del GAC y diputada.
El PAN identificó como tercer grado de parentesco a Julio Manuel Oropeza Andrade, Carlos Augusto Oropeza Nuñez, y Lorena de los Ángeles Correa Romero como primos del director de Pemex, quienes ostentan sueldos brutos de 77 mil 186, 51 mil 297 y 42 mil 301 pesos respectivamente.
Además se señaló como sus sobrinos a Daniel Abel y Pamela Oropeza Falcón, con un sueldo bruto de 97 mil 591 pesos y 34 mil 234 pesos mensuales, respectivamente; a Aura Luz Flota Oropeza, presuntamente sobrina de Romero Oropeza, con un sueldo bruto de 139 mil 176 pesos mensuales.
También a Patricia Oropeza Zurita y Luis Oropeza Zurita como presuntamente sobrinos del titular de Pemex, con un sueldo bruto de 37 mil 470, y 29 mil 097 pesos, respectivamente.
Los panistas fundamentaron su denuncia con el artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual indica que “cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.
Está por verse si la señora Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, determina si hay elementos o no para investigar y sancionar al director de Pemex y parentela, pero lo más seguro es que la funcionaria argumente cualquier cosa para deslindarse del tema.
Por lo pronto, en Palacio Nacional ya marcaron la directriz discursiva para desviar la atención sobre el escandaloso caso de nepotismo y corrupción en Pemex, pues se afirma que al interior del palacio gubernamental esta información es vista como un golpe de quienes se resisten al plan de austeridad.
EU, prestaciones de los mandatarios
Quien resulte ganador en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, sea el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, tendrá derecho a percibir un sueldo, prestaciones económicas y pensión cuando se retire del cargo, de acuerdo a lo que establece la Constitución de aquel país.
Por concepto de salario, el presidente de la Unión Americana recibirá 400 mil dólares anuales, los cuales se sumarán a los demás beneficios económicos, entre ellos, 50 mil dólares al año por gastos adicionales.
El mandatario tendrá una cuenta de viajes no sujetos a impuestos por 100 mil dólares anuales y otros 19 mil dólares para su entretenimiento. Tendrá además transporte oficial, terrestre, marítimo y aéreo (Cadillac One, Marine One, Air Force One); alojamiento gratuito en la Casa Blanca, y una pensión anual como expresidente, de 200 mil dólares, que incluye cobertura de salud y viajes oficiales.
Se ha mencionado que si Donald Trump pierde las elecciones y decide no dejar el cargo, como ha amenazado, se convertirá automáticamente en el inquilino incómodo de la Casa Blanca, motivo suficiente para que el Servicio Secreto lo desaloje, pues ese cuerpo de seguridad por mandato tiene que subordinarse al presidente en turno.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
