Agustín Vargas *
De manera muy tenue hasta ahora la Cámara de Diputados ha estado llamando la atención sobre un escándalo financiero que involucró al sector de la vivienda durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al que algunos legisladores y especialistas le han llamado ya el Fobaproa Inmobiliario.
Las beneficiarias de ese escándalo, por supuesto, fueron algunas de las empresas que en ese entonces figuraban como las estrellas del sector. Gozaron de créditos casi ilimitados por parte de la Banca de Desarrollo, a cargo del gobierno, y de condonaciones y exenciones fiscales, así como todo tipo de facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, abrió la caja de pandora en relación a las desarrolladoras de vivienda beneficiarias de las condonaciones tributarias.
Reveló que a Homex, al mando en ese entonces de Eustaquio de Nicolás, y Corporación GEO, que fue presidida en ese tiempo por Luis Orvañanos Lascuráin, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les condonó impuestos por siete mil millones de pesos entre 2007 y 2015.
Y aunque el funcionario se refirió sólo a esas empresas, son dos de las cinco desarrolladoras más grandes del país que durante los últimos dos sexenios tenían los mismos o similares beneficios. Eras las consentidas del gobierno, se dijo infinidad de veces.
“De esa magnitud era el contubernio del gobierno con los grandes desarrolladores, e implicó la claudicación del Estado mexicano en la conducción de la política de vivienda”, enfatizó Martínez Velázquez.
La madeja de lo que parece ser un fraude de grandes dimensiones comienza a develarse. Apenas en septiembre pasado, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se refirió a un presunto quebranto al erario por 50 mil millones de pesos por parte de algunas desarrolladoras.
Por tal motivo, la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto, solicitó una auditoría para transparentar y castigar, en su caso, a quienes intervinieron en el negocio multimillonario que se generó a partir de la venta de cartera de todas aquellas instituciones bancarias de carácter privado, que entraron en contubernio con la Sociedad Hipotecaria Federal.
El legislador acusó que en este proceso los únicos beneficiarios fueron los desarrolladores inmobiliarios que, bajo el objetivo de ganar, especularon con los terrenos y las viviendas; éstas se construyeron en lugares inadecuados, los costos se elevaron significativamente, lo cual originó la declaración de quiebra de las empresas de este ramo.
“Esto nos costó una cantidad cercana a los 50 mil millones de pesos para salvar a compañías que construyeron viviendas, que las dieron muy caras, totalmente alejadas de los centros de transporte y hoy lo que vemos, es un cementerio de viviendas abandonadas y una gran cantidad de casas que no se pueden pagar”.
Las acusaciones de Ramírez Cuellar se dieron justo en una reunión legislativa privada para analizar los litigios judiciales, la promesa del Ejecutivo de evitar los desalojos y encontrar vías de concordia y reconciliación entre deudores e Infonavit.
Despachos de cobranza, dolor de cabeza
En el centro de todo esto, por supuesto, está el Infonavit institución que ahora se sabe fue sobre expuesta no sólo a los intereses de empresas desarrolladoras, sino de los despachos de cobranza encargados de la recuperación de la cartera y garantías. De la persecución y amenazas a los derechohabientes morosos, pues.
Entre 2007 y 2018, el organismo de vivienda erogó 44 mil millones de pesos por concepto de pago a los despachos de cobranza que no lograron su cometido y sí, en cambio, generaron un problema social altamente sensible, al entablar alrededor de 211 mil juicios masivos en todo el país, de los cuales sólo unos 77 mil son susceptibles de desistimiento.
En el sexenio de Felipe Calderón el Infonavit pagó ocho mil millones de pesos a más de un centenar de despachos de cobranza. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el organismo de vivienda desembolsó 36 mil millones de pesos, 328 por ciento más que el anterior sexenio.
Los despachos de cobranza no sólo son un dolor de cabeza para los acreditados, quienes son acosados vía telefónica y domiciliara aquéllos a toda hora cada día de la semana, incluso con amenazas de que ya son sujetos de demandas y perderán sus casas, cuando ni siquiera han sido emplazados conforme a derecho.
El Infonavit también los ha padecido y con independencia de los resultados que arroje la investigación interna que se realiza, lo más seguro es que también se haya generado un quebranto patrimonial por la mala gestión de los despachos contratados para la recuperación de cartera.
Aportan capital nuevo a BIM
Los accionistas del Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), que dirige Rodrigo Padilla Quiroz, decidieron inyectar capital nuevo al banco por un monto de 75 millones de pesos.
Sobre esta operación la firma Standard & Poors Global Ratings afirmó que las calificaciones y perspectiva de BIM no se ven afectadas; por el contrario,
dicho incremento respaldará el crecimiento futuro de cartera y podría fortalecer ligeramente la evaluación de capital ajustado por riesgo (RAC) si es que las tasas de crecimiento se mantienen en línea con las proyecciones de la calificadora.
De igual manera, consideró que esta aportación otorga mayor flexibilidad financiera al banco ante escenarios económicos adversos que podrían presionar el indicador de capital.
“Consideramos que nuestro índice de RAC proyectado se podría ver beneficiado hasta por hasta 50 puntos base, para colocarse en alrededor de 5.55%, desde un 5.05% previo a la inyección de capital, para los próximos 12 meses”, agregó en un comunicado la calificadora.
