Agustín Vargas *
Tal como estaba previsto, ayer por la tarde el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, conformado por los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales (Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).
Las propias autoridades han definido al programa económico del próximo año como realista y austero, que incorpora elementos para hacer frente a las crisis de salud y económica. Sin embargo, el optimismo se desborda desde el momento que plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.6%, desde una caída de casi 12% en 2020 que el propio Banco de México ha pronosticado.
En un acto más que protocolario, por el gran despliegue de personal, de logística y hasta propagandístico, nunca visto para la entrega de un paquete económico en las casi tres décadas que este reportero lleva cubriendo este tipo de eventos en el recinto legislativo, el titular de la SHCP puso en manos de la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados, los documentos que los legisladores habrán de analizar en los próximos meses para redefinir el rumbo económico del país mediante el gasto que deberá ejercer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El gasto neto total para 2021 que el Ejecutivo Federal somete a consideración de la Cámara de Diputados asciende a 6 billones 295 mil 700 millones de pesos. Del total estimado, 73.4% corresponde a gasto programable y la diferencia, 26.6% a erogaciones de naturaleza no programable.
Mediante el gasto programable se generan los bienes y servicios públicos que la población demanda, y para el ejercicio fiscal de 2021, se propone que este rubro sea de 4 billones 618 mil 300 millones de pesos, 1.3% mayor en términos reales que el nivel de gasto aprobado en 2020.
Este agregado presupuestario comprende los recursos que se propone asignar, entre otros, para atender los servicios de salud, los programas prioritarios y los proyectos de inversión que se identifican como detonantes para el desarrollo integral de la nación.
Entre los programas prioritarios destacan: Pensión para Adultos Mayores, con 135 mil 100 millones de pesos; Becas de Nivel Medio Superior, con 33 mil 200 millones de pesos; Becas de Nivel Básico, con 31 mil 900 millones de pesos; Sembrando Vida, con 28 mil 900 millones de pesos; Jóvenes Construyendo el Futuro, 20 mil 600 millones de pesos; Personas con Discapacidad, con 15 mil 500 millones de pesos; Producción para el Bienestar, 13 mil 500 millones de pesos; y La Escuela es Nuestra, con 12 mil 300 millones de pesos.
Por su parte, entre los proyectos presupuestarios se encuentran: Tren Maya, con 36 mil 300 millones de pesos; Aeropuerto General “Felipe Ángeles”, con 21 mil 300 millones de pesos; Mantenimiento y Conservación de Carreteras, con 8 mil 200 millones de pesos; y Tren Interurbano México-Toluca, con 7 mil millones de pesos.
En cuanto al gasto no programable, se estima que para 2021 ascienda a 1 billón 677 mil 400 millones de pesos. Este componente se integra por el costo financiero de la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).
Marco macroeconómico
En las proyecciones de finanzas públicas de 2021, la SHCP plantea una tasa de crecimiento del PIB de 4.6%, aunque esta cifra podría ajustarse de acuerdo a la trayectoria de la economía.
El precio de la mezcla mexicana de exportación es de 42.1 dólares por barril (dpb), con una plataforma de producción de petróleo de 1 millón 857 mil barriles diarios. Se prevé una inflación anual de 3%, en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco de México; una tasa de interés de 4%, la cual supone una reducción adicional de 50 puntos base durante 2020, y un tipo de cambio promedio de 21.9 pesos por dólar.
En la Iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF) para el ejercicio fiscal 2021 no se propone la creación de impuestos nuevos, ni el incremento en tasas de los impuestos vigentes, salvo ajustes por inflación.
Para 2021 se estiman ingresos presupuestarios menores en términos reales en 3% respecto a los ingresos presupuestarios estimados en 2020, pero mayores en 6.4% real respecto a los estimados al cierre excluyendo los ingresos no tributarios no recurrentes, que capturan el uso de recursos extraordinarios para enfrentar la contingencia sanitaria y económica.
En las próximas semanas y meses se verá que rumbo toma este paquete económico presentado por el Ejecutivo Federal para el 2021, debate que deberá centrarse entre la supuesta austeridad y la grave realidad económica del país.
Alerta sobre Pemex y CFE
Aunque Pemex y CFE, “las nuevas palancas de desarrollo” del país que ejecutarán en 2020 el equivalente al 20% del gasto público total —cerca de un billón 230 mil millones de pesos—, las pérdidas registradas por estas empresas sumaron aproximadamente 703 mil millones de pesos al primer semestre del presente año, y Pemex presentó en julio pasado el nivel de producción más bajo en 40 años.
Más allá de ser sólo una cuestión de finanzas públicas, tal situación está íntimamente relacionada con fallas puntuales en el gobierno corporativo de las empresas.
En este marco, la organización México Evalúa presentó el Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas. Se trata de un estudio que identifica, por primera vez, las funciones y responsabilidades de distintas entidades que representan al Estado mexicano en tres de sus facetas: como dueño de Pemex y CFE; como regulador del mercado en que compiten y como garante del interés de la sociedad y las comunidades que se ven afectadas por las actividades que realizan.
Además de identificar a estas entidades y subrayar la necesidad de que cumplan con sus funciones, el documento describe casos en los que quedaron en evidencia fallas, omisiones o problemas en las relaciones entre Pemex y CFE y sus vigilantes, desde la compra de Fertinal hasta la modificación de criterios en los Certificados de Energías Limpias, pasando por la licitación polémica de contratos anuales o la negociación del acuerdo reciente con la OPEP.
Entre las fallas más graves, el Mapa destaca: La intervención centralizada en los mercados por parte del Gobierno para favorecer a Pemex y a CFE; la falta de seguimiento del Congreso al cumplimiento de objetivos de estas empresas; los conflictos de interés a partir de la presencia de miembros del Ejecutivo federal en sus consejos de administración; la baja prioridad que se le da a la política anticorrupción y de responsabilidad social en estos consejos.
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, destacó una problemática general: “Esta administración se ha caracterizado por influir indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en distintos rubros del mercado energético, y estas malas prácticas ya tuvieron consecuencias: la inversión extranjera directa del sector energético pasó de 6 mil 820 millones de dólares en 2018 a sólo 1 mil 119 millones de dólares al primer trimestre de 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía”.
Fraudes inmobiliarios en Q. Roo
Dos grupos de inversionistas presentaron denuncias ante ministerios públicos y quejas en Profeco en contra de Gama Master Broker (GMB), encabezada por Marc Pujol Foch, por incumplimiento en la compra de alrededor de 24 departamentos en Playa del Carmen, Quintana Roo, y por no entregar rendimientos sobre el arrendamiento de inmuebles.
Juan Castellanos, representante legal de los afectados, explicó en relación a los departamentos, que varios de los afectados firmaron a inicios del 2019 un contrato de promesa de transmisión de propiedad con la sociedad Desarrollo 1540 SA de CV, a través del cual adquirirían uno de los departamentos del complejo. Toda la operación, dijo, se realizó con personal de GMB, cuyo CEO es Marc Pujol Folch.
Los contratos de promesa de transmisión de propiedad establecieron como fechas de entrega antes de finalizar el año pasado. Sin embargo, la empresa no cumplió con lo establecido. Ricardo Herrera, representante legal de Desarrollo 1540, no ha dado una solución y la obra sigue detenida, afectando a 24 compradores.
