El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), mandato de la Cumbre de las Américas de 1998, es un proceso de revisión por pares que mide el progreso de las acciones tomadas por los Estados Miembros de la OEA para abordar el problema de las drogas y delitos conexos. El proceso del MEM, administrado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, evalúa la adherencia de los Estados Miembros al Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas (POA, por sus siglas en inglés) 2021-2025, que sirve como una guía para la implementación de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2020.
Siendo la única evaluación multilateral de su tipo en el mundo, los informes nacionales y los resúmenes hemisféricos del MEM destacan las fortalezas y desafíos en la formulación e implementación de las políticas de los Estados Miembros de la OEA en relación con el problema de las drogas, fomentando el diálogo nacional entre los responsables de la formulación de políticas. La octava ronda consta de tres evaluaciones anuales que cubren las áreas temáticas descritas en el POA, de la siguiente manera: Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo en la Recuperación, en 2021; Medidas para Controlar y Contrarrestar el Cultivo, la Producción, el Tráfico y la Distribución Ilícitos de Drogas y para Abordar sus Causas y Consecuencias, en 2022; Fortalecimiento Institucional; Investigación, Información, Monitoreo y Evaluación; y Cooperación Internacional, en 2023. Una vez evaluadas todas las áreas temáticas, en 2024, se realizará una evaluación integral, que examinará cualquier actualización de los informes nacionales de 2021 a 2023.
Durante su Septuagésimo Período Ordinario de Sesiones, realizado del 16 al 19 de noviembre y presidido por Costa Rica, la CICAD aprobó los informes nacionales de evaluación del MEM 2021 sobre “Medidas de Prevención, Tratamiento y Apoyo a la Recuperación”, que abordan temas de reducción de la demanda, tales como:
- Implementación de estrategias de prevención del consumo de drogas basados en la evidencia en varios grupos poblacionales de relevancia, incluyendo niños y niñas en la escuela y estudiantes universitarios, población indígena, migrantes y refugiados.
- Coordinación gubernamental con la sociedad civil, incluyendo instituciones académicas y de investigación, en el desarrollo e implementación de programas de reducción de la demanda de drogas.
- Desarrollo de evaluaciones, a nivel nacional, regional y local, de las necesidades y la oferta de servicios de atención, tratamiento y reintegración.
- Consideración de los Estándares Internacionales de Tratamiento para los Desórdenes por uso de Sustancias en los programas y servicios nacionales de atención, tratamiento, rehabilitación, recuperación e integración social.
- Promoción de medidas para abordar el estigma y la marginación social asociados con los trastornos por uso de sustancias, que pueden disuadir a las personas de buscar, acceder y/o completar servicios de reducción de la demanda.
