MEXICALI, BC.- Mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdez ha comenzado una campaña para defender la duración por cinco años, organismos civiles y empresariales protestaron ante la publicación del decreto que aumenta impuestos a gas, diésel, gasolina y plataformas de transporte.También advirtieron que, por el incremento de estos impuestos, vendrá una crisis de seguridad pública, que se ahondaría si el actual gobierno continúa más allá de 2021, por su carencia de planes, más allá de recaudar y establecer contribuciones a la ciudadanía.
Fernando Flores, dirigente del ObserBC, organismo que promueve la transparencia en el ejercicio presupuestal, indicó que no se pueden subir más impuestos, cuando no está claro en qué serán gastados.
“¿Dónde está la transparencia respecto al presupuesto que ya se tiene? ¿A dónde está dirigiéndose?”, expresó Flores, y agregó que “no hay justificación, ni un plan, para esos impuestos”.
El activista manifestó que, aunque el impuesto a los combustibles, el segundo aprobado en menos de cuatro meses para el mismo rubro, ha sido “vendido” como un tributo “ambiental”, en la realidad se trata de un engaño para ampliar la recaudación con más contribuciones.
“Nos dicen ‘es que va a ser para el medio ambiente’. Pero no hay un plan donde digan ‘hacen falta dinero, pero aquí está el plan de trabajo, en esto se va a utilizar cada centavo’, abriendo la puerta a que se pueda ir a otros rubros”, explicó.
Por su parte, Miguel Ángel Torres, presidente de la Canirac, delineó su molestia ante la difícil crisis que enfrenta su gremio, el restaurantero, y la poca sensibilidad del gobierno bonillista.
“Se están yendo por lo más fácil: recaudar más impuestos. Nos están afectando a todos los ciudadanos de Baja California y eso nos está repercutiendo en el tema de seguridad. Están llevando al estado por un mal camino, en vez de enfocarse en los temas torales”, dijo, advirtiendo: “No vamos a dejarnos”.
Ante la falta de apoyo del gobierno de Bonilla y la situación que priva, refirió que la “reducción de empleos es lo más normal, porque no podemos seguir operando. Los meseros, por ejemplo, los estamos tratando de reacomodar, tratamos de ayudarlos, pero no les alcanza el ingreso. Un mesero gana no por el salario, ese es como un bono, gana de las propinas de los comensales y eso es un ingreso”.
En el mismo sentido, Ernesto Elorduy Blackaller, presidente de Coparmex, comentó: “Hay unos requisitos, por así decirlo, antes de andar pidiendo dinero. Primero, recorta tus gastos, explícame para qué son tus impuestos, en qué te lo vas a gastar”.
Recordó el caso de los llamados ‘moches’, donde un ex diputado local, Rosendo Colorado, acusó al entonces oficial mayor, Jesús Núñez, a la secretaria de Bienestar, Cynthia García, y al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez, de pedirle dinero a proveedores a cambio de contratos en el gobierno de Bonilla, cuando este aún no tomaba posesión del cargo.
“El año pasado, recién entrada esta administración estatal, salió un caso de ‘moches’, que dijeron ‘no pasó nada’. No tenemos las bases, como ciudadanos, de que estos casos, sospechosos de corrupción, se resuelvan de la manera correcta y nuestros impuestos no se estén desviando para otro uso”, mencionó Elorduy.
Torres y Elorduy coincidieron en que, a la crisis económica en Baja California, sobrevendrá una de seguridad, que se ahondaría de permanecer el mismo gobierno por otros tres años.
“Es un efecto dominó de la crisis de salud pública. Cuando las personas estén con menos dinero en su bolsillo, vendrá una amenaza importante en seguridad pública”, dijo el líder de Coparmex.
