La Cámara de Senadores aprobó la minuta que modifica la Ley de Asistencia Social, a efecto de proteger el interés superior de niños y niñas que viven en centros penitenciarios con alguno de sus tutores.
El dictamen incorpora una disposición para que instituciones públicas y privadas de asistencia social estén habilitadas legalmente para coordinarse con el sistema penitenciario, para apoyar y proteger los derechos de los menores que viven en sus instalaciones.
Señala que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos de los menores, sobre todo, cuando la persona que ejerce su guarda, custodia o tutela, independientemente de si se trata de uno de sus padres o no, se encuentra recluida.
La reforma involucra a instancias estatales para que actúen con perspectiva de los derechos de la infancia. Precisa que existen diversos supuestos en las que los menores pueden estar bajo el cuidado de personas que no son sus padres en los centros de reclusión.
No se pueden establecer distinciones entre niñas y niños afectados por una condición similar, en virtud del género de su progenitor recluido, pues no son los derechos de éstos, sino los derechos de la niñez los que estarían siendo tutelados por el proyecto de decreto, se precisa en el texto.
Por ello, agrega, la minuta se enfoca en abarcar progresivamente el mayor número de destinatarios, a fin de que gocen de la protección que debe proveer el Estado, atendiendo principalmente el principio de universalidad que caracteriza a los derechos humanos.
Al presentar el dictamen, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, explicó que hay menores que viven en ese tipo de instalaciones en condiciones que son inapropiadas, por lo que la reforma permitirá evitar que sus derechos sean vulnerados.
La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, comentó que se considera a niñas y niños, que se encuentran en esta situación, como un grupo al que se debe extender la asistencia social y recibir un trato digno y respetuoso.
La minuta se devolvió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
