El diputado Armando González Escoto, integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, propuso reformar el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no pueda aplicarse el “criterio de oportunidad” en los delitos cometidos por servidores públicos.
El legislador del PES explicó que este criterio permite que el Ministerio Público pueda abstenerse de ejercer la acción penal, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido; es un método alternativo de solución de conflictos, para evitar presentar el caso ante la autoridad judicial y desahogar cada una de las etapas procesales.
Planteó que en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se incluya que en los delitos cometidos por servidores públicos no se podrán aplicar los criterios de oportunidad.
Precisó que en la actualidad en dicho artículo se señala que esta medida no se puede aplicar en los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público.
Resaltó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó, a octubre de 2018, que la corrupción en México alcanza hasta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que significan pérdidas de 21.9 millones de pesos anuales.
González Escoto recordó que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la corrupción consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.
Refirió que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, México pasó de 30 a 29 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor. Con ello, se encuentra en la posición 135 de 180 naciones evaluadas.
Además, Transparencia Internacional señala que el 55 por ciento de las personas encuestadas fueron víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, mientras que el 43 por ciento mencionó estar dispuesta a pagar una “mordida” para que un servidor público agilice un trámite.
La mayor incidencia de actos de corrupción en la realización de trámites con servidores públicos, fue principalmente en el campo de procuración e impartición de justicia (autoridades de seguridad pública 55.2 por ciento; Ministerio Público, 23.7 por ciento); seguido de los trámites que realiza la población que quiere abrir un negocio (22.3 por ciento).
Enfatizó que los servidores públicos, dadas las actividades que realizan, deben poner el ejemplo a la población en todos los sentidos, y regir su actuación con apego a la legalidad.
