Proponen fortalecer la Ley de Seguridad Privada local

Metrópoli

En el Congreso de la Ciudad de México se analizará la posibilidad de fortalecer la Ley de Seguridad Privada y que ésta contenga reglas más seguras y eficientes para el traslado de valores; incluso que el personal de seguridad privada deba tomar cursos y capacitación.

Durante la sesión ordinaria de hoy jueves el diputado panista, Christian Von Roehrich de la Isla, planteó reformar la Ley de Seguridad Privada para hacer una clara distinción sobre el traslado de valores, establecer horarios para la modalidad de los mismos, es decir, crear protocolos para dicha actividad.

Lo anterior, debido a que actualmente las empresas de seguridad privada utilizan a la ciudadanía como escudo humano, situación que puede observarse durante la recolección de valores o llenado de cajeros automáticos, que si bien los custodios cuentan con equipo para su protección y defensa ante una situación de riesgo, los transeúntes están expuestos.

El congresista pidió que la propuesta sea vista no como limitante para los prestadores de servicios de seguridad privada en la modalidad de trasladado de valores, sino que brindará certeza en cuanto al congestionamiento vial, la baja probabilidad de que un civil se encontrara en medio de disparos con delincuentes y el tiempo de respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyarlos en caso necesario.

Mientras que el diputado Nazario Norberto Sánchez, de MORENA, presentó una propuesta para adecuar los ordenamientos normativos que rigen la Ley de Seguridad Privada, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México y además de su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.

En la propuesta de reforma se precisa que la ley vigilará que todo personal de seguridad privada deba tomar cursos y capacitación que determine la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además deberá demostrar que cumplen con los conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de la fuerza, en el desempeño de sus actividades así como demostrar que no han sido condenados por delitos dolosos con sanción privativa de la libertad mayor de un año o que sean adictos al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes o a otros productos que tengan efectos similares.