El diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, planteó la necesidad de organizar foros temáticos e instalar tres comités de expertos en leyes; técnicos especializados en la materia y legisladores representantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para garantizar una nueva Ley de Aguas que no se contraponga a la Constitución y otras leyes; pero que tampoco tenga tintes políticos ni se haga un “bodrio, un mazacote de reformas”, expuso.
El también integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, sostuvo que esta iniciativa para hacer una nueva Ley de Aguas Nacionales (encabezada por el diputado Feliciano Flores Anguiano, del grupo parlamentario de Morena) “es ambiciosa” tras recordar que la actual data de 1992 y la última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2016.
Deberíamos hacer un esfuerzo –precisó- por abarcar toda la problemática del tema del agua que va a incidir en reformas a la ley nacional; pero para que sea sustancial, debemos organizar los foros de manera temática; y la segunda propuesta es instalar tres comités que orienten sobre cómo ir conformando una ley que no se contraponga a la Constitución y otras leyes.
Los tres comités, concretó, estarían integrados por los mejores especialistas:
1) Abogados, que resuelvan el tema jurídico, viabilidad de la ley o de las reformas que surjan.
2) Técnicos expertos, para garantizar que las reformas no sean vistas con intención partidaria, o de intereses de gremio. Que procedan de centros de estudios, organismos públicos, de usuarios.
3) Diputados que concentren las intervenciones, las relatorías y propuestas; una comisión con la sensibilidad para escudriñar qué hay detrás de lo que se propuso y hacerse cargo de reconocer la problemática y traducirla en un tema legal, jurídico; los diputados le daríamos formato legislativo, señaló.
Durante una reunión para discutir sobre la próxima realización de foros regionales en torno a una nueva ley de aguas, Ortega Martínez sostuvo que el interés de hacer una nueva legislación es porque nadie puede atreverse a decir que las cosas están bien, que está actualizada, sin vacíos, y que resuelve la problemática nacional sobre dicho recurso.
“Estamos hablando de que queremos ‘meter mano’ a una ley que trata con un bien que es patrimonio del Estado, que es tratado como un asunto de seguridad nacional y, además, es un elemento establecido en la Constitución como derecho humano”; y por lo mismo -enfatizó- el Legislativo no debe hacer una reforma estructural que quede por abajo de las expectativas de la ciudadanía, ni de los entes productivos como son los agricultores y las industrias que, de hecho, piden ser considerados, igual que la sociedad civil, en la toma de decisiones.
Expuso por ejemplo que el Consejo Consultivo del Agua (asociación civil integrada por empresas, organismos de los sectores social, académico y privado), han enfatizado que esta administración de López Obrador tiene ante sí, el reto de aprobar una “Ley General de Aguas (LGA)” que permita regular la gestión del recurso “a partir de un diseño actualizado, que recoja realidades sociales, económicas, y ambientales; con la participación efectiva de los sectores público, privado y social, así como de los distintos ámbitos de gobierno para aportar sus puntos de vista en el diseño, planeación, ejecución, seguimiento, y contraloría social de la política pública del agua”.
Entre sus propuestas, recomiendan disposiciones para que el Estado haga efectivo el derecho humano al agua para todos los mexicanos, con un mínimo de entre 50, e idealmente, 100 litros de agua salubre por persona al día, y que esta sea accesible y asequible; disponibilidad suficiente a poblaciones humanas y a actividades económicas, con la calidad, regularidad y volúmenes necesarios; caudales ecológicos para la conservación de cuencas y ecosistemas acuáticos; y que se frene la sobreexplotación de los acuíferos.
En tanto que los industriales agrupados en la Concamin, demandan un nuevo sistema financiero que posibilite la construcción de la infraestructura hidráulica e hidroagrícola; sustitución de redes de agua potable y drenaje en municipios para evitar fugas que, en algunos municipios, llegan al 50 por ciento. De igual manera, se han pronunciado por un censo para que los mexicanos conozcamos con precisión cuál es la disponibilidad del agua con la que se cuenta por regiones y planificar el desarrollo nacional hacia los próximos 25 años, por lo menos.
Sería bueno, finalizó Ortega Martínez, que la convocatoria y el orden definitivos de esos foros tengan temas específicos porque en el centro del país, por ejemplo, se concentra a 27 de cada cien mexicanos que generan más del 70 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y, sin embargo, solo cuentan con el 30 por ciento del agua nacional renovable, mientras que en el sur, los números son distintos y en el norte igual, hacen uso del agua en temas agrícolas, consumen el 70 por ciento del agua renovable pero también contaminan con pesticidas, residuos, fertilizantes, etcétera.
