ZACATECAS, Zac.- Gobierno del Estado gestiona la restauración de los archivos históricos dañados durante el incendio del 26 de noviembre de 1975 en Palacio de Gobierno, y de esta manera enriquecer el patrimonio documental de Zacatecas.

Por primera vez en 45 años, el Poder Ejecutivo estatal, a través del Archivo General del Estado de Zacatecas (ARGEZ), diseñó una estrategia de trabajo para recuperar la mayor parte posible de este acervo siniestrado.

Con base en lo anterior, se logró identificar un total de 2 mil 763 cajas dañadas, mismas que ya fueron debidamente etiquetadas, y comenzó el proceso de adquisición de equipo y materiales para instalar un taller de restauración.

Por otra parte, se solicitó a la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi) asesoría técnica acerca del manejo de materiales quemados, establecer una tipología de restauración y un procedimiento para identificar qué archivos aún pueden ser rescatados.

Adabi también ayudará a determinar el valor patrimonial de los documentos y capacitará a los dos restauradores del Gobierno estatal, quienes laboran dentro de las instalaciones del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ).

El incendio de 1975 ocurrió el 26 de noviembre a las a las 17:00 horas; se originó en el entonces Archivo General del Estado, ubicado en Palacio de Gobierno, y tuvo una duración aproximada de 180 minutos.

Las llamas, además de consumir parte del patrimonio documental, se extendieron a las direcciones de Obras Públicas, y de Trabajo y Previsión Social, así como a dos domicilios particulares, contiguos al edificio sede del Poder Ejecutivo de Zacatecas.

Tradicionalmente conocidos como “los archivos quemados”, éstos permanecieron durante más de cuatro décadas almacenados, sin haber sido contabilizados o expuestos a un plan integral que contribuyera a su rescate.

Dado lo anterior, el Gobierno de Alejandro Tello pretende revertir dicha situación, con el objetivo de reconstruir parte de la historia de Zacatecas, depositada en estos archivos dañados, y fortalecer los mecanismos que garanticen la conservación del patrimonio documental del estado.