TOLUCA, Edomex. En los primeros 11 días del año, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo estatal ha brindado 408 asesorías laborales, de ellas, solamente cinco son por falta de pago de aguinaldo o dudas sobre la prestación económica que se fundamenta en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Así lo informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Terrón Mendoza, quien indicó que los patrones tuvieron hasta el pasado 20 de diciembre para liquidar dicho beneficio con sus trabajadores, y quienes no lo hayan recibido o sientan que les entregaron un monto inferior a lo señalado, cuentan con un plazo no mayor a un año para presentar su reclamo ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

De acuerdo con la ordenanza, los trabajadores tienen derecho a recibir como mínimo 15 días de salario al año y en caso de aquellas personas que no hayan cumplido los 12 meses de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional, conforme al tiempo que hubieren permanecido en la empresa.

“Este derecho es ineludible para los empresarios, por lo cual en ningún caso se podrán argumentar dificultades económicas o falta de recursos económicos para no pagarlo o reducir su importe, por tanto, quienes incumplan con el pago, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa económica que va desde los 50 hasta los 5 mil salarios mínimos”, precisó.

Terrón Mendoza indicó que, ante el regreso del Estado de México a semáforo rojo, por el incremento de contagios de COVID-19, la asistencia legal de la institución da asesorías a través de la línea telefónica 800-770-2233, el correo electrónico prodetmex@edomex.gob.mx y pueden agendar una cita en el sitio web https://siat.edomex.gob.mx/citaOnline.

En este sentido, de las asesorías brindadas en el inicio de este año, 224 se atendieron por la vía telefónica, 167 de manera personal y 17 por correo electrónico.

La Procuraduría asesora gratuitamente a los trabajadores mexiquenses en situaciones que van desde despido injustificado, riesgos de trabajo, reparto de utilidades, vacaciones y prima vacacional, pago de incapacidades, designaciones de personas beneficiarias e indemnización por muerte, entre otras.