La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, coincidieron en la urgente necesidad de establecer los mecanismos legales para que las recomendacionesemitidas por este organismo autónomo sean vinculantes. Lo anterior durante una reunión de trabajo virtual realizada este lunes 14 de septiembre.
La ombudsperson instó a los tres poderes de la unión, gobernadores, presidentes municipales, jueces, organismos estatales de derechos humanos e instancias de atención a víctimas a trabajar conjuntamente y hacer un esfuerzo extraordinario que permita resolver la grave crisis que enfrentan los sistemas de justicia y de atención a víctimas en México, toda vez que la defensa de los derechos fundamentales es un asunto de Estado.
La presidenta de este organismo autónomo indicó que, contrario a lo que se ha manifestado en diferentes espacios, en lo que va de la presente administración la CNDH ha mantenido un trabajo constante de promoción y defensa de los derechos humanos, muestra de ello es que se han emitido 43 Recomendaciones a diferentes autoridades federales y estatales, cinco de ellas por violaciones graves, y se está dando seguimiento a otras que han sido consideradas como insuficientes por las propias víctimas, entre ellas la del Caso Iguala.
Enfatizó que en el marco de la contingencia ocasionada por el coronavirus SARS-Cov-2, se emitió la Recomendación 14/2020 al Director General de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por las violaciones a los derechos de las personas trabajadoras del sector salud del Hospital General “Aquiles Calles Ramírez”.
Tras destacar que a la fecha se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 93 acciones de inconstitucionalidad a diversas legislaciones federales y estatales, aclaró que, por impedimento legal, no se presentó la acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, por lo que la CNDH mantiene un seguimiento puntual y riguroso de la participación de las Fuerzas Armadas en dicha labor.
En lo que corresponde a la protección de los derechos de las personas migrantes, Rosario Piedra explicó a las y los legisladores que la Comisión ha emitido 10 Recomendaciones por la violación a los derechos de las personas en contexto de movilidad; se han realizado, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del presente año, 541 visitas de supervisión a estaciones y estancias migratorias en las que se atendieron a más de 35 mil personas extranjeras, efectuándose más de 7,593 gestiones en su favor y se han emitido 15 solicitudes de medidas cautelares para evitar que se cometan violaciones a sus derechos fundamentales.
Respecto al proyecto denominado “Tren Maya”, la Titular de la CNDH recordó que desde el pasado 14 de mayo se emitieron medidas cautelares dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para que se suspendieran actividades no esenciales en el contexto de la contingencia sanitaria del COVID-19.
Por otro lado, Rosario Piedra Ibarra refrendó la disposición de la CNDH de cumplir con su función y ser un acelerador de las acciones de los gobiernos y autoridades para encontrar soluciones a las demandas de quienes han sido víctimas del delito y violaciones a sus derechos fundamentales. Ante las y los representantes de esa instancia legislativa, la ombudsperson de la Comisión reivindicó el derecho a la protesta como un medio legítimo de obtención de conquistas sociales, por lo que expresó su solidaridad con las demandas de los grupos que luchan contra la violencia de género, rechazó el uso de la fuerza en su contra y reiteró que el diálogo es la única vía razonada para lograr soluciones.
Sobre la toma del edificio de la CNDH con sede en Cuba 60, indicó que se ha buscado un acercamiento con las personas que se mantienen en el mismo para iniciar, cuanto antes, un diálogo constructivo y respetuoso al que han ofrecido sumarse representantes de los gobiernos federal y capitalino. En lo relativo a sus demandas de emitir una Recomendación General contra la violencia feminicida, que no se les criminalice y se les otorgue un inmueble para desarrollar sus actividades en defensa de los derechos de las mujeres, explicó que desde junio pasado se trabaja en la elaboración del documento recomendatorio, además de que se llevan a cabo diferentes gestiones para apoyarlas en sus requerimientos.
Aunque reconoció que la desatención a las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos a veces es desesperante, dijo que lo importante es lograr que de esta situación surja algo positivo y reiteró que “nosotros no somos el enemigo a vencer”, sino “sus aliados permanentes”. Añadió que, desde que asumió el cargo, la Comisión ha mantenido una política de puertas abiertas para todas y todos, misma que se mantendrá, pues “es mil veces preferible correr el riesgo de que pasen situaciones como la toma de instalaciones que regresar a instituciones fachada que aparentemente servían al pueblo pero que siempre permanecieron cerradas”, por lo que anunció la instalación de módulos móviles de atención en la Ciudad de México y en diferentes estados del país.
Finalmente, y luego de exponer ante quienes integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados los esfuerzos encaminados a hacer más con menos recursos, siguiendo una estricta política de austeridad, la ombudsperson aclaró que durante su cargo no se han presentado gastos excesivos en la compra de alimentos para el personal ni despidos injustificados.
