El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria presentó el proyecto para crear el Instituto de Estudios para la Hacienda Pública, a fin de iniciar su análisis y convertirlo en una iniciativa que impulse la próxima Legislatura.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), coordinador del Grupo de Trabajo, indicó en reunión virtual con especialistas que la idea es concluir el tema y entregar los resultados el 15 de agosto.

Dijo que el documento es producto de reuniones y reflexiones, aunque reconoció que no se ha llegado a un acuerdo sobre el consejo fiscal, o para reformar la Constitución y crear un organismo con las mismas características de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Señaló: “El paso que se ha dado es el fortalecimiento de una instancia muy profesional, con rigor técnico de primera y cumpliendo las funciones de vigilancia, fiscalización y medición de la calidad del gasto y de los ingresos”.

Agregó que el primer compromiso de este encuentro es que las diputadas y los diputados integrantes de este grupo presenten el próximo miércoles en la Comisión Permanente una excitativa para que el Senado de la República apruebe, a la brevedad, las reformas a la Ley Orgánica.

“Este nuevo instituto solamente podrá constituirse con las reformas a la Ley Orgánica, pero en el Senado tenemos todavía pendiente la discusión de la minuta”, especificó.

Para enriquecer la iniciativa solicitó observaciones de especialistas para integrarlas al anteproyecto. “El objetivo es tener un verdadero organismo que mida y evalúe los montos, el ejercicio y la calidad del gasto y los ingresos”.

Agregó que, aunque dependa del Congreso, en la medida de las posibilidades políticas y de la composición del Poder Legislativo, tendrá que ser un organismo muy superior a lo que en estos momentos es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Participación de especialistas

Héctor Juan Villarreal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), dijo que es urgente crear este instituto porque “el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas está muy maltrecho”, toda la Legislatura tuvo encargado de despacho, sin directora o director general. Además, el nuevo organismo no empezará a trabajar de inmediato, porque después de su aprobación, el primer año será de integración.

Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), comentó que es un acierto que las decisiones y opiniones del instituto no sean vinculantes, “sin embargo habría que pensar en si se puede diversificar, que algunas cuestiones sí puedan ser vinculantes, como la petición de información” y que haya la obligación de responder.

Enrique Provencio, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la UNAM, propuso incluir un criterio sobre suficiencia presupuestal. “Si el Congreso va a tomar una decisión para dotarse por fin de un instituto equivalente a un consejo fiscal, es esencial que asumamos que no vamos a escatimar en presupuesto, claro, en condiciones de sobriedad y ajuste a lo indispensable”.

El coordinador general del Programa de Iniciativas Estratégicas, de Gestión Social y Cooperación (GESOC, A.C.), Alfredo Elizondo Rosales, dijo que el proyecto requiere del apoyo de los grupos parlamentarios, por lo que es necesario emitir un pronunciamiento y ver las posibilidades reales de que pueda ser aprobado en la siguiente Legislatura. “Para el próximo Paquete Económico está imposible que este centro tuviera algún tipo de incidencia, pero para el de 2023 sería su prueba de fuego”.

Juan Antonio de Arana Águila, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Ciudad de México, consideró que es una gran iniciativa y sugirió crear la figura de colaboradores de los consejeros, a título gratuito, gente de mucha experiencia en este tema.

Proyecto del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública

El documento, elaborado con aportaciones del grupo parlamentario de MC, “México Evalúa” y el CIEP, señala que el instituto tendría atribuciones de una oficina legislativa de presupuesto, o de Consejo Fiscal, formaría parte del Poder Legislativo y se encargaría de analizar, evaluar, revisar y hacer recomendaciones respecto del Paquete Económico, iniciativas, políticas, programas y acciones en materia de la Ley de Ingresos.

Tendría autonomía técnica y de gestión, similar a la ASF, y sería un órgano técnico consultivo enfocado al análisis, de carácter apartidista que funcione y tome decisiones de manera objetiva y transparente; evaluaría la política fiscal, su impacto y sostenibilidad, identificaría fuentes de ingreso, el potencial recaudatorio y los principales riesgos para la estabilidad, sostenibilidad y buena gobernanza de las finanzas.

Su creación requeriría expedir la Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, para integrar su naturaleza, objeto, atribuciones, operación, transparencia y rendición de cuentas; modificar el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso para establecer que estará adscrito a la Cámara de Diputados y que sustituiría al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Además, incluir el artículo 49 bis a fin de señalar que la Cámara de Diputados contará con este Instituto.

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