El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la protección de las mujeres y sus hijas e hijos que son víctimas de violencia, por lo que reiteró que se mantendrá el apoyo a los refugios.
“Sigue igual el programa. No hay modificaciones, sólo que va a haber más cuidado del Estado. (…) Que les quede claro: no hay la intención de dejar a las mujeres sin protección, o sea, no somos como ellos. Nosotros tenemos convicciones. Nosotros le tenemos amor al pueblo. No somos egoístas”, remarcó.
La Secretaría de Gobernación asumirá la rectoría de los centros de protección; hará el seguimiento, evaluación y supervisión al funcionamiento de aquellos que cumplen con la normatividad para operar.
“El Estado tiene que tener la rectoría de las políticas públicas. Es clarísima la posición de nuestro presidente en relación a esta situación (…) volver nuevamente al Estado social, volver nuevamente a la rectoría del Estado es lo que este gobierno está empeñado en volver a hacer”, precisó la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero.
Nadine Gasman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, añadió que los refugios se mantienen en funcionamiento y que desde el gobierno federal se fortalecerá la supervisión al funcionamiento de los mismos.
“Los refugios siguen funcionando, hay un compromiso del gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado. La rectoría, la supervisión, se va a fortalecer”, subrayó.
Este día en conferencia de prensa matutina se presentó el ‘Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas de México’, una estrategia en la que el Estado asume la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de este sector de la población.
En el plan participan los tres ordenes de gobierno: federal, estatal y municipal, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Un consejo consultivo integrado por especialistas y funcionarias, dará acompañamiento, asesoría y continuidad a este plan.
Entre las acciones integrales y de coordinación destacan las siguientes:
- Prevención en espacios públicos mediante el seguimiento diario de la incidencia delictiva y hechos de violencia con atención focalizada a desapariciones, violencia sexual, violencia familiar y feminicidios.
- Coordinación con gobiernos municipales y estatales para la búsqueda al primer aviso de desaparición.
- Recuperación periódica de la información de casos de violencia y maltrato infantil.
- Ordenamiento territorial y política de desarrollo urbano para la consolidación de ciudades seguras y espacios libres de violencia e identificación de zonas de riesgo.
- Registro nacional del transporte público concesionado. Seguimiento y vigilancia de los espacios donde suceden los delitos contra las mujeres.
- Desarrollo de aplicaciones de teléfonos móviles y páginas web, así como otros dispositivos para que las mujeres de todas las edades identifiquen zonas de alto riesgo y las instituciones actúen de forma inmediata.
- Campañas permanentes sobre el derecho a una vida libre de violencia, los derechos de las víctimas, los servicios de atención y la responsabilidad de las autoridades.
- Reformas a la legislación para fortalecer la estrategia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres.
- Establecimiento de sanciones a servidores y servidoras públicas que sean omisos o negligentes.
- Adopción de un código penal único para homologar los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas en el país.
- Iniciativas para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia.
- Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones para identificar líneas de investigación, víctimas indirectas, vacíos y deficiencias en las investigaciones, así como medidas para subsanarlas.
- Homologación de la investigación de feminicidio, órdenes de protección y mecanismos de investigación de la violencia sexual, familiar y desapariciones.
- Garantía de servicios de protección, seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico para solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
- Padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos.
- Revisión de la alerta de violencia de género en coordinación con personas expertas, defensoras de derechos humanos y mujeres de la sociedad civil para mejorar este mecanismo.
La directora del Inmujeres resaltó que a través de un mecanismo de rendición de cuentas se revisarán los avances, retos y obstáculos en la instrumentación del plan.
En su oportunidad la secretaria de Gobernación, explicó que es el punto de partida para intervenir “de manera decidida y pronta en el combate a cualquier práctica de violencia que atente contra los derechos, la integridad y la vida de las mujeres”.
Dijo que en este gobierno las políticas públicas se conducen con perspectiva de género y estarán diseñadas bajo la mirada de las mujeres y las niñas.
