A fin de conocer cuál es la experiencia de implementación de proyectos con financiamiento internacional, los retos que enfrenta una Organización de la Sociedad Civil local, para competir y tener acceso a los fondos internacionales, con organizaciones mundiales y cuáles son los elementos esenciales para para facilitar un trabajo multi actor desde la sociedad civil, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) llevaron a cabo la sexta sesión del ciclo Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En el foro virtual donde se disertó con el tema Cooperación en Materia de Gobernanza desde la mirada de los Territorios, Carmen Villa, directora de Ligalab, destacó que la organización con incidencia en Chiapas impone diferentes condiciones en referencia a aquellas organizaciones que están ubicadas en el centro del país o en ciudades grandes.
“En Chiapas, si bien hay sumas considerables de inversión de fondos internacionales, también existen retos fuertes, particularmente en los índices de marginación y de pobreza, de acceso a servicios, a educación y una gran cantidad de población indígena, en donde existe financiamiento específicamente dirigido a fortalecer el trabajo en estas poblaciones, tanto de gobiernos fundaciones y organizaciones internacionales”.
Ligalab, enfoca su trabajo en el fortalecimiento de la Sociedad Civil, con incidencia en políticas públicas y participación ciudadana, y construcción de Gobernanza, lo cual les confiere un perfil diferente. Esto los obliga a salir a competir con grandes Organizaciones a nivel nacional e incluso internacional, ha trabajado con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) a través de la AMEXCID, construyendo capacidades para la incidencia en la política pública, específicamente en materia de combate a la corrupción.
En su oportunidad, Francisco Javier Galván Meraz, director general de Simar Sureste (Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos-Sur este del estado de Jalisco). destacó que, en el contexto de su experiencia, ellos trabajan con nueve Municipios de Jalisco y uno de Michoacán, en su carácter de ser una Asociación Intermunicipal e incluso interestatal.
Indicó que se ha tenido el acceso a la cooperación internacional, pero no precisamente en el tema de los recursos, sino con particular énfasis en el desarrollo de capacidades, a través de las experiencias de las Mancomunidades, en el caso de España y de los Sindicatos Mixtos en el caso de Francia, que cuentan con una gran experiencia acumulada en la administración pública en este tema, lo cual ha permitido perfeccionar el modelo mexicano de Inter municipalidad.
“Es necesario medir para evaluar, es necesario rescatar toda la información para el replanteamiento de metodologías y el planteamiento de iniciativas, ámbito en el cual puso sobre la mesa una idea muy interesante: una Ley de Inter municipalidades, que quizá puede empezar con el congreso estatal”.
Por su parte Roberto Pérez Baeza, Coordinador de Alianzas Estratégicas, The Hunger Project, México, manifestó que, para hacer frente a los retos actuales estructurales, no existe otra posibilidad mejor que la cooperación multiactor.
The Hunger Project tiene presencia en alrededor de 22 países, para hacer frente a las problemáticas de pobreza y hambre, particularmente en contextos rurales e indígenas a través del fortalecimiento de la Gobernanza y de la Democracia Participativa, partiendo de la noción de que la pobreza y el hambre no es otra cosa más que la negación sistémica de los derechos. “No se puede entender a las comunidades como un ente hegemónico, va mucho más allá de eso, es decir, se construye comunidad no solamente en lo rural o en lo indígena, sino también en las concentraciones urbanas”.
Aseguró que la comunidad como tal es un universo en el que coexisten diferentes realidades, necesidades e intereses, “la comunidad representa una compleja diversidad y es precisamente por eso que cobra importancia un instrumento metodológico: el Diagnóstico Participativo y en función de eso se espera una respuesta de los gobiernos, traducida en políticas públicas”.
Agregó que la transparencia en las acciones y el ejercicio y destino de los recursos utilizados es fundamental porque genera una forma confiable de respuesta y de la relación entre comunidades, asociaciones y gobiernos locales.” El principio de gobierno abierto de bien común conviene a todas las partes involucradas en el proceso. Así pues, la infraestructura que está anclada en los Derechos Humanos permite transparencia e institucionalización y frente a esto existen algunos retos estructurales, por ejemplo: violencia, desigualdad y corrupción”.
