Presenta la secretaria Irma Eréndira Sandoval logros del combate a la corrupción y la austeridad republicana

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Con cambios de fondo que lograron en el primer año de administración una aprobación ciudadana de 61% en la política contra la corrupción, el Gobierno de México demuestra con hechos que el combate a ese flagelo es su prioridad y va en serio, afirmó hoy Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública.Al exponer en conferencia de prensa los avances contra el dispendio y la impunidad, señaló una mayor confianza de la ciudadanía hacia la política anticorrupción del Gobierno de México que, según el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), elaborado por Transparencia Internacional, “dio un salto histórico” de 37 puntos porcentuales, al pasar de 24% en 2017 a 61% en 2019.
Abundó que al 31 de octubre la Función Pública recibió más de 31 mil denuncias y resolvió más de 9 mil investigaciones; impuso 3 mil 452 sanciones a servidoras y servidores públicos, entre las que destacan mil 263 inhabilitaciones y 257 sanciones económicas por más de 3 mil 600 millones de pesos, mientras que en materia de licitantes, proveedores y contratistas sancionó a 187 empresas y aplicó multas por mil 432 millones de pesos, 25% más que en el mismo periodo del año anterior.
Especificó que en el caso de la Estafa maestra, en 27 entes de la Administración Pública Federal (APF) se detectaron 611 convenios celebrados entre 2013 y 2018 con instituciones públicas de Educación Superior, y que a la fecha se han revisado 288 convenios por un monto de 35 mil millones de pesos, aproximadamente, y se continúa con la revisión de otros 323 convenios.
Entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana
La secretaria Sandoval Ballesteros destacó que el Gobierno de México impulsó la transformación del marco jurídico y la regeneración ética de las instituciones y la sociedad para acabar de tajo con la simulación en el cumplimiento de la ley.
Subrayó la tipificación de la corrupción como delito grave, las modificaciones para castigar todo tipo de fraude al pueblo de México y, de manera preponderante, la Ley Federal de Austeridad Republicana que, impulsada por la Función Pública, entró en vigor en el aniversario 109 de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre.
Explicó que dentro de las medidas centrales de la ley se encuentran la anulación de contratos con empresas que se hayan otorgado por tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública; la eliminación de gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía y carros de lujo, y la prohibición de crear fideicomisos públicos en materia de salud, educación, procuración de Justicia, seguridad social y seguridad pública, así como la reducción del gasto en comunicación social.
Reafirmó, además, el incrementó en 187 mil millones de pesos del gasto social en esta administración, con respecto al sexenio anterior. “Que quede muy claro: ahora la prioridad en la asignación del presupuesto de los mexicanos es para atender el bienestar social: salud, educación y seguridad”, advirtió la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Resaltó, asimismo, el embate a la “burocracia dorada” con la devolución de casi 9 mil plazas de mando y enlace, que generó ahorros por casi 5 mil millones de pesos, sin afectar a los trabajadores operativos; una baja de 30% en el costo de las mil 928 plazas de gabinete de apoyo; la disminución entre 12% y 47% en los ingresos de mandos superiores y la eliminación de más de 650 plazas, hasta octubre, con nivel de Dirección General Adjunta (DGA) que no tuvieran un sustento normativo para su creación.
Además, “gracias a esta disciplina de austeridad, en lo que va del año el gobierno ha gastado casi 96% menos en comunicación social respecto al mismo periodo del año pasado, representando ahorros por 2 mil 500 millones de pesos”, precisó.
Combate a la corrupción
La secretaria Sandoval Ballesteros señaló que también la Función Pública acompaña de manera especial los 25 proyectos prioritarios del Gobierno de México y, particularmente, los cuatro proyectos de infraestructura más relevantes: el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto “General Felipe Ángeles” de Santa Lucía.
“Y así como tomamos medidas concretas para prevenir la corrupción, también emprendimos acciones para castigarla porque la impunidad es el mayor cómplice de la corrupción”, consideró al informar de acciones como el Programa de Alertadores Internos y Externos contra la Corrupción, en el que hasta ayer se recibieron casi 2 mil 800 alertas.
Destacó también la implementación del programa Denuncia Paisano, con el que se dan a conocer los derechos de los mexicanos que visitan México en temporada de fin de año, se promueve y facilita la denuncia de abusos; se inician procesos de investigación, y se integra un mapa con el registro de denuncias para disuadir la corrupción.
Por otra parte, expuso que los gobiernos estatales tienen pendiente la justificación o devolución a la Federación de 46 mil 121 millones de pesos, que representan 50 veces el presupuesto de la Función Pública en este año, en tanto que las observaciones en auditorías de obra pública implican un monto de 17 mil 319 millones de pesos, de los que 16 mil millones de pesos están vinculados con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco.
Indicó que su primera misión al frente de la Función Pública fue reactivarla con cambios para poner en ejercicio todas sus facultades. Citó la transferencia de los Órganos Internos de Control (OIC) de las dependencias donde operaban a la Función Pública, para acabar con los conflictos de interés entre auditor y auditado.
Explicó que con esas transferencias el personal de la Función Pública ha crecido 140%, por lo que los recursos de la dependencia para 2020 se incrementarán en 62%, en comparación con 2019. “Esto refleja la importancia que tiene el combate a la corrupción en el presupuesto y en la estructura de la Secretaría”, agregó.
Seguimiento a compras públicas
La secretaria Sandoval Ballesteros mencionó también la centralización de las adquisiciones y contrataciones públicas en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con acompañamiento y vigilancia de la Función Pública, lo que, dijo, ha generado ahorros, por más de 150 mil millones de pesos, y subrayó que con la Ley Federal de Austeridad Republicana las unidades compradoras tendrán que justificar ante el OIC cualquier excepción a la licitación pública.
Precisó que en lo que va de la administración, casi 60% de los recursos ejercidos por contrataciones y adquisiciones públicas han sido erogados por licitaciones públicas y competitivas.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes los subsecretarios de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Tania de la Paz Pérez Farca, y de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Roberto Salcedo Aquino; el director general de Tecnologías de la Información, Luis Gutiérrez Reyes, y el jefe de la oficina de la secretaria, Édgar Moreno Gómez.