La diputada Claudia Yáñez Centeno (Morena), secretaria de la Comisión de Pesca, presentó una iniciativa a fin de establecer mejores lineamientos y estrategias para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.

En conferencia de prensa indicó que su propuesta pretende reformar los artículos 4, 8, 22, 22 Bis, 23 Bis, 28, 29, 33, 45, 51, 52, 53, 57, 92, 100, 122, y 124 de la de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Yáñez Centeno señaló que el marco legislativo, ordenamientos, mecanismos de control y lineamientos que regulan el aprovechamiento de estos recursos son funcionales; sin embargo, no han cumplido con todos los objetivos en su implementación.

“El sector pesquero y acuícola han sido los más afectados por la ineficiente aplicación de las políticas públicas en materia administrativa e incrementado el rezago social y económico en la materia”, expuso.

Urgió a diversas secretarías de Estado para que coadyuven con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en la inspección y vigilancia de las zonas donde se desarrolle la actividad pesquera y acuícola.

Explicó que la Ley vigente fue decretada el 24 de julio de 2007, con la finalidad de establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y aprovechamiento sustentable de la pesca y acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.

“De 2007 a la fecha no se ha presentado una reforma sustantiva que atienda con pleno respeto al sector pesquero y acuícola durante más de 13 años. Desde 1998, no contamos con un reglamento actualizado de Conapesca que dimensione, administre y procure el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades en los términos de la presente Ley”, expuso.

Manifestó que Conapesca e Inapesca (Instituto Nacional de Pesca) no han podido establecer las bases de un ejercicio democrático y participativo de los sectores interesados en la actividad de la pesca deportiva y ribereña, incluyendo prestadores de servicios turísticos, autoridades de gobiernos estatales y municipales, así como representantes de la sociedad en general.

“Es por ello que desde la Comisión de Pesca estoy impulsando que se reformule de manera sustantiva la situación política y socioeconómica que vive este sector en la actualidad, precisando los límites de responsabilidad administrativa y fortalecer la participación ciudadana en el sector pesquero y acuícola”, concluyó.