Luego de que este lunes el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la invalidación de la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución del estado de Baja California, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero pidió al máximo órgano judicial declarar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla” y defender a cabalidad la Constitución, la democracia y las instituciones.
En ese sentido, pidió a los 11 ministros actuar con independencia, imparcialidad y autonomía, ya que la ampliación del mandato, de tres a cinco años, es “un atraco y una burla para el país”.
Advirtió que no se puede permitir a Jaime Bonilla gobernar más tiempo del que los bajacalifornianos votaron. “Nos enfrentamos ante un atentado a la democracia, por lo que confiamos que la Corte dé la razón a la legalidad”, explicó.
Consideró que la Ley Bonilla va en detrimento de la vida democrática, del pacto federal y pone en riesgo todas las conquistas ganadas en 30 años de transición política.
En ese sentido, pidió a los 11 ministros y, en específico a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, quienes fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no fallarles a las y los mexicanos y resolver con independencia y autonomía.
“Esperamos que estén a la altura de esta decisión que puede marcar un rumbo definitivo de México sobre el respeto a la ley y al Estado de derecho. No puede ser que respondan a los intereses del mandatario federal y del partido de Morena”, explicó.
Cuestionó que contrario a la normatividad, se reformó la Constitución de Baja California cuando ya había concluido el proceso electoral y los propios comicios.
Por ello, reiteró que los bajacalifornianos votaron por un período de dos y no por cinco años. “No se puede cambiar la ley a modo sólo para complacer a Bonilla, quien quiere permanecer en el poder por más años a través de un agandalle”, explicó.
El dirigente recordó que este instituto político presentó desde octubre de 2019 una Acción de Inconstitucionalidad para impedir que esta usurpación a las instituciones no pueda ser consumada.
Asimismo, el PRD denunció, desde el inicio de la candidatura de Jaime Bonilla, una serie de irregularidades y artimañas que emprendió para obtener la gubernatura, así como también ha puesto en la lupa su actual gobierno al presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del actual gobernador y su gabinete por diversos actos de corrupción.
