En voz de su Coordinadora, Verónica Juárez Piña, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya aprobado por unanimidad medidas cautelares, solicitadas por este instituto político, contra el presidente de la República, por promoción personalizada en la entrega de créditos del gobierno a las Mipymes en el marco de la emergencia sanitaria y económica.En opinión de las y los diputados perredistas, los créditos con recursos públicos anunciados el 23 de abril, en conferencia de prensa, por el presidente de la República para apoyar a pequeños empresarios, están siendo usados por funcionarios del Gobierno Federal con fines electorales.

Por esa razón, el Partido de la Revolución Democrática presentó una queja ante el INE contra el presidente de la República por presuntamente violar la ley electoral mediante un uso irregular de los 25 mil millones de pesos que conformarán un millón de créditos destinados a pequeñas empresas como parte del plan de reactivación económica ante la crisis que se prevé por la emergencia sanitaria del COVID-19.

La queja que presentó el PRD contra el Ejecutivo Federal es por infracciones a la normatividad electoral federal, en específico, por vulnerar lo dispuesto en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos derivado de la realización de actos de uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y violación al principio de imparcialidad.

Para sustentar la denuncia, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD señaló que la carta que se entrega a los beneficiarios mediante la cual se autoriza el crédito, muestra el Escudo Nacional, el diseño gráfico del “Gobierno de México” y el logotipo oficial del IMSS, la fecha “22 de abril de 2020” y, en carácter de suscriptor de la misma “Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Las mismas irregularidades se observan en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía, de un millón de crédito, de 25 mil pesos cada uno, del programa “Crédito a la palabra para empresas familiares”, para microempresarios que no están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El PRD alertó que el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, confirmó la participación de los llamados Servidores de la Nación en la implementación del programa de entrega de los créditos señalado, a través del llamado “Censo del Bienestar”.

Al respecto, la dirigencia del PRD recordó que “la autoridad jurisdiccional electoral federal ha dictado sentencia en relación a las violaciones a los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en que incurrieron diversos Delegados Estatales y Subdelegados Regionales de Programas para el Desarrollo en el levantamiento del llamado “Censo del Bienestar” y en la distribución y entrega de apoyos a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal, al haber realizado un uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada, así como el desacato a las medidas cautelares ordenadas por el INE en el caso Servidores de la Nación, según la sentencia SRE-PSC-071/2019 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 27 de diciembre de 2019.

En opinión del PRD, existe una “conducta sistemática y reiterada de los servidores públicos denunciados en la entrega de cartas a los beneficiarios de los programas sociales, de carácter proselitista y de promoción personalizada del Presidente de la República al distribuir y entregar a aquellos los apoyos económicos correspondientes”.