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Por trigésimo octava vez se reconoce el derecho inalienable de Puerto Rico a su independencia

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En una resolución aprobada por consenso, un Comité de la ONU exhorta a Estados Unidos a promover un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico para que pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidas el desempleo, la marginación, la insolvencia y la pobreza, y los problemas relativos a la educación y la salud.

El Comité Especial de Descolonización escuchó este lunes a más de cincuenta representantes de organizaciones civiles y políticas de Puerto Rico, así como a representantes diplomáticos de distintos países, reclamar el derecho de esta isla a la libre autodeterminación y la independencia.

Esas peticiones han sido plasmadas en una resolución promovida por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Rusia y Siria, que fue aprobada por consenso. El texto se suma a las 37 resoluciones y decisiones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité desde 1972.

La resolución observa con preocupación que “la presente subordinación política del pueblo puertorriqueño impide la toma de decisiones soberanas respecto a la crisis humanitaria resultante de los efectos de los huracanes Irma y María”.

Tales efectos han agravado los serios problemas económicos y sociales que vive Puerto Rico, ya que han provocado un aumento de los niveles de pobreza del 45% hasta alrededor del 60 % de la población.

Pobreza, migración y desarrollo sostenible

Este empobrecimiento a su vez “ha causado una migración masiva y ha afectado seriamente los esfuerzos para lograr un desarrollo económico sostenible”.

La resolución también señala que la conocida como Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por el presidente de los Estados Unidos, ejerce poderes de control plenarios sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos elegidos del Gobierno de Puerto Rico en todo asunto relativo a temas fiscales, económicos y presupuestarios, así como en todo lo concerniente a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, “todo lo cual recrudece la situación colonial del país”.

Del mismo modo, insta a Estados Unidos a garantizar al pueblo puertorriqueño la protección de sus derechos humanos y a que le devuelva el territorio ocupado por sus fuerzas militares, en particular el de las instalaciones de Vieques y Ceiba, donde también le conmina a asumir los costos de limpieza y descontaminación.

Por otra parte, expresa preocupación por las acciones contra independentistas y llama a investigarlas rigurosamente.

La resolución exhorta nuevamente a los Estados Unidos a promover un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico puede ejercer su derecho a la libre determinación y la independencia en virtud de la con la resolución 1514 de la Asamblea General, que versa sobre la independencia a los países y pueblos coloniales, para que pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidas el desempleo, la marginación, la insolvencia y la pobreza, y los problemas relativos a la educación y la salud.