En el proceso electoral en curso se aplicará por primera vez la reforma en materia de violencia política de género con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres y sentar las bases de una cultura política que se fundamente en los principios de igualdad y no discriminación, aseguró la Consejera Norma De la Cruz.

Durante la mesa de diálogo: A un año de las reformas sobre violencia política contra las mujeres, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), expresó que las modificaciones constitucionales parten de una mirada integral para el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres.

“Si bien sabemos que la violencia política en razón de género refiere una problemática estructural y compleja que corresponde a una problemática cultural política que no es fácil de desmontar, también sabemos que es posible transformar esta realidad y por ello son tan importantes las reformas enunciadas”, expresó.

De la Cruz afirmó que la reforma constitucional publicada el 13 de abril de 2020 es producto de un avance sustantivo que se concretó durante la primera legislatura federal integrada de forma completamente paritaria.

Agregó que la reforma impactó en la modificación de por lo menos ocho leyes federales, además de que identifica con claridad las conductas a través de las cuales se expresa esta modalidad de violencia que enfrentan las mujeres, establece responsabilidades para las instituciones y partidos políticos, además de que se definen sanciones para atender y reparar el daño.

En este sentido, reconoció la importancia de las acciones que se han impulsado desde el Instituto Nacional Electoral junto con los Organismos Públicos Locales para que esta reforma se vuelva realidad y, sobre todo, incida directamente en la participación de las mujeres y en su acceso a los cargos de elección popular.

Violencia política de género es el mayor obstáculo para las mujeres 

La Consejera Dania Ravel manifestó que la violencia política en razón de género es el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres para poder ejercer sus derechos político-electorales, que también son derechos humanos.

Más aun, dijo, cuando en el proceso en curso se tiene el mayor número de mujeres contendiendo por diversos cargos y, aunque no es deseable, todo indica que habrá un aumento en los casos de violencia política en razón de género, considerando que en promedio el INE recibe 13 quejas por mes en lo que va del año.

“Es obvia la complejidad que encierra el proceso electoral, sin embargo, por primera ocasión las mujeres están protegidas mediante un marco legal encaminado a erradicar la violencia política contra ellas en razón de género que, como hemos visto, es perfectible, pero es un gran avance que ya lo tengamos”, abundó.

Asimismo, la Consejera Ravel enfatizó la importancia de superar uno de los retos más grandes que se enfrentan para que las mujeres logren identificar la violencia política para poder denunciarla, pero también que éstas se hagan ante las autoridades competentes.

Ello, señaló, permitirá evitar dilaciones innecesarias, lo cual cobra mayor relevancia en la etapa de campañas, ya que se requiere de una atención eficaz y efectiva para que las candidatas no vean afectadas de manera irreparable sus aspiraciones a un cargo público por violencia política.

Dania Ravel alertó que la mayoría de los casos de violencia política se dan en el ámbito local, así como el hecho de que los partidos políticos son los espacios más hostiles para las mujeres, por lo que con esta reforma se dotó al INE de atribuciones para emitir lineamientos a fin de erradicar y prevenir este fenómeno.

Parte de estas directrices permitió establecer la obligación para que cualquier aspirante a una candidatura cuente con el llamado 3 de 3 Contra la Violencia, un requisito que ante su omisión o falsedad puede implicar el retiro de la candidatura.

En este sentido invitó a la ciudadanía, activistas y organizaciones de la sociedad civil para recurrir ante la autoridad electoral con la finalidad de ubicar casos en que se mienta como un elemento central de la lucha contra este flagelo.

A un año de la reforma se mantienen retos para erradicar la violencia política en razón de género 

Andrea Samaniego, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), elaboró un análisis político sobre el tipo penal de violencia política contra las mujeres que hoy es vigente en nuestro país, así como los retos que existen de cara al proceso electoral en curso.

Sin embargo, evidenció la falta de homologación de este delito en todo el país, así como la ausencia de la tipificación de la violencia política contra las mujeres en los estados de Coahuila y Guerrero a pesar de que la reforma constitucional está vigente desde hace un año.

Edith Chávez, especialista en temas de género y desarrollo, hizo un recuento del camino que recorrieron las mujeres para garantizar su efectiva participación sin violencia y para lograr que existiera un tipo penal que identificara y sancionara la violencia política contra ellas.

Frente a ello, destacó la importancia de reforzar los puntos débiles que se mantienen a un año de la implementación de la reforma como son la aplicación de medidas de protección y mecanismos oportunos de reparación del daño para preservar la vida, integridad y derechos políticos de las mujeres.

Georgina López, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), recordó que la reforma es producto de 10 años de trabajo que se desarrolló para erradicar la violencia y llega para homogeneizar un fenómeno que ya estaba presente en algunas legislaciones locales.

Estimó que los cambios establecen un piso mínimo para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y amplían las reglas del juego democrático en donde no cabe la violencia política desde el componente normativo y en la que ya se contempla una sanción.

No obstante, alertó sobre los grandes vacíos que se mantienen en las normativas al interior de los partidos al punto de lograr evadirlas para que, finalmente se impongan prácticas sexistas, androcéntricas y discriminatorias que excluyen a las mujeres del espacio público.