Por incumplir con el mandato de la Suprema Corte, refrenda PRD voto en contra a la “Ley de Remuneraciones” promovida por AMLO

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Por considerar que Morena no atendió lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tal de cumplir un capricho del Presidente López Obrador, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados rechazó nuevamente la iniciativa presentada para expedir una “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos” mediante la cual se busca que nadie gane más que el Jefe del Ejecutivo.

El texto presentado por el diputado Pablo Gómez en este recinto, fue en acatamiento a una orden de la Suprema Corte quien condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en diversos artículos que atentan contra las garantías de funcionarios que presentaron acciones de inconstitucionalidad (particularmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de Senadores) sobre lo aprobado por las y los diputados de Morena y sus aliados en cuanto a los salarios y condiciones que deben cubrir para trabajar en diversas áreas de gobierno.

A nombre del GPPRD, Antonio Ortega Martínez advirtió que la propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales pues los nuevos criterios están muy lejanos de la especificidad señalada por la Corte y subrayó que estas políticas han afectado seriamente al interior y fuera del gobierno.

Expuso en este sentido que el intento de Morena por legalizar el salario del Presidente y de los funcionarios sin un parámetro, ha derivado en casi siete mil amparos; cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales como respuesta a la violación de los derechos de servidores públicos y las instituciones.

El perredista precisó que “no existe precedente alguno de que una misma norma jurídica haya sido debatida ya en 4 ocasiones (con la de hoy) durante una misma legislatura, intentando resolver el mismo asunto sin lograrlo… Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas”, refutó.

“La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del Presidente?”, cuestionó.

Para atender esas deficiencias e intentar dejar sin materia a la controversia que analizaba la Suprema Corte –añadió- fue necesaria una reforma promulgada el 12 de abril de 2019 ¡que modifica 22 artículos! Y ni así Morena logró impedir que el máximo tribunal constitucional de la nación declarara la inconstitucionalidad citada.

Antonio Ortega explicó que el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como las modificaciones presentadas, desatienden los resolutivos y razonamientos planteados en la sentencia del 20 de mayo del año pasado, relacionados con la obligación del Legislativo de fijar parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial, y estos son:

  • Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto;
  • Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;
  • Especialización;
  • Riesgo asociado al desempeño de las funciones;
  • Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;
  • Índice inflacionario;
  • Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;
  • Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,
  • La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen.

Además, dijo, “los efectos de aprobar en sus términos esta Ley, se suman a las repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático, como son: Las políticas de austeridad irracional; el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos que causan graves daños al patrimonio del Estado; la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la iniciativa privada. Estos procedimientos han afectado seriamente la conducción del país y por ello, nuestro Grupo Parlamentario rechaza el dictamen y, en consecuencia, su voto va en contra”, finalizó.

Cabe destacar que el 20 de mayo de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y la acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de Senadores, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y declarando parcialmente procedente y parcialmente fundada dicha acción de inconstitucionalidad. Declaró la invalidez de los artículos 6 y 7, y condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente Periodo Ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en los artículos señalados.

El Pleno de la Corte, en consecuencia, se centró en la “litis” principal del asunto. Es decir, que el Congreso de la Unión había fallado en desarrollar los principios constitucionales que establecían un sistema de remuneraciones públicas, su armonía y proporcionalidad, y en el que la pieza central era la determinación objetiva del salario presidencial y tope del resto de los servidores públicos.