La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) señaló que México debe ser fuerte y conciso en subrayar que la política migratoria se base en las necesidades de sus ciudadanos y no en la globalidad.
En el foro “Parlamento Abierto con Mexicanos en el Exterior”, dijo que se tiene una deuda historia con los connacionales, los exbraceros, por lo que en esta administración “se ha volteado a ver el tema de algo que otros gobiernos no hicieron, porque no les interesó, pues sólo basaron la política migratoria conforme lo marcaba el país del norte”.
Afirmó que ante los nuevos retos que enfrenta el país sobre la movilidad humana, la migración de mexicanos al exterior cada vez es más documentada, pero con tendencia a la baja; sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos problemas, y que con la administración de Estados Unidos se ha creado un ambiente no sólo de xenofobia, sino de discriminación.
“Tenemos que reconocer el gran sacrificio que cada uno de ellos ha hecho al dejar su país, porque lo hacen al no tener las condiciones necesarias para quedarse, debido a la violencia y pobreza”.
Del PAN, la diputada Eugenia Leticia Espinosa Rivas subrayó que la puerta está abierta para escuchar las propuestas de la sociedad civil que respalden a los connacionales. Además, estimó necesario “hacer presión para que se destine mayor presupuesto al rubro de migrantes, pero es importante el apoyo de las organizaciones”.
Explicó que Guanajuato, entidad que representa, tiene grandes logros en materia de migración y que “valdría la pena un acercamiento para conocer lo que hace”. Aseguró que es interés de toda la comisión impulsar iniciativas en favor de los connacionales, principalmente niñas, niños y adolescentes.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (Morena) consideró importante reconocer la nueva dimensión migratoria, porque si bien es cierto que México ha sido un país expulsor, ahora es de tránsito y destino; por ello, subrayó, hay que estar preparados para ese desafío.
Afirmó que se está ante un derecho universal y humano. Lo que se haga por los migrantes tiene que ir más allá de las posturas partidistas; requiere el esfuerzo de sociedad y gobierno.
De MC, la diputada María Libier González Anaya comentó que la comisión ha impulsado iniciativas y puntos de acuerdo para ayudarlos. “Hemos trabajado temas de educación, vivienda y reconocimiento de estudios”.
Señaló que en el presupuesto del 2020 es necesario respaldar al Programa 3×1, pues funciona, sobre todo para infraestructura social o servicios comunitarios. “Hay que ver de qué manera se pueden retomar esos recursos, porque se usan para las necesidades de las comunidades migrantes”.
Samuel Herrera Chávez, diputado de Morena, llamó a emprender alianzas para atender el tema, pues el presupuesto del sector ha recibido fuertes golpes, como es el caso del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Fondo de Apoyo a Migrantes, la Dirección General de Servicios Consulares, Instituto Nacional de Migración y el Fondo de Apoyo a Fronteras.
Indicó que se debe hacer causa común, sobre todo en los programas de 3×1 y de los exbraceros. Planteó reunirse con funcionarios del gobierno federal para que expliquen qué se ha hecho en materia presupuestal en estos temas, y solicitó a las organizaciones hacer presión para alcanzar mayores recursos.
También de Morena, la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos negó que no haya una política para atender y proteger a los connacionales en el exterior. Se incrementó el presupuesto para los servicios consulares en 126 mil millones de pesos, es decir, casi el 300 por ciento y existen los documentos de transferencia a fin de facilitar la reinserción educativa de la población migrante en retorno.
Hay once módulos de repatriación en la frontera norte, donde el Gobierno federal atendió a 131 mil 455 personas, del primero de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2019; sin embargo, dijo coincidir en la necesidad de mantener el presupuesto y generar una política pública en materia social que impulse el desarrollo. Sobre el Programa 3×1, añadió, se requiere una alternativa que rectifique sus inconstancias.
El diputado Óscar Rafael Novella Macías (Morena) mencionó que la nueva política que se prevé implantar es que los migrantes no se vayan del país por necesidad, sino de forma voluntaria, por lo que desde la Cámara de Diputados se propone una reasignación de recursos en su apoyo porque los connacionales deportados no pueden estar desamparados.
Indicó que otra acción que se impulsará es la construcción de un nuevo esquema del 3×1, a fin de aprovechar las remesas. Detalló que se plantea que, a través del Banco de Bienestar, se creen fideicomisos con la consigna de que sean transparentes, eficientes y financieramente pertinentes con participación del Gobierno federal, estatal y municipal con el propósito de regresar al origen de este programa, que era generar desarrollo comunitario.
Su compañero de bancada, diputado Maximino Alejandro Candelaria, reiteró que los mexicanos en el extranjero son una fuente muy importante para el país, porque son la segunda fuerza económica; de ahí, la importancia de velar por sus derechos.
“Es primordial que los connacionales tengan la certeza que nadie será excluido; sin embargo, solicitó apoyo en la lucha para lograr un presupuesto adecuado en el Paquete Presupuestal 2020”.
Efraín Jiménez Muñoz, coordinador del Consejo de Federaciones Zacatecanas en la Unión Americana, a nombre de los migrantes, solicitó a los diputados restablecer el Fondo de Apoyo a Migrantes con una cantidad mínima de 800 millones de pesos, con la finalidad de ayudar a los mexicanos retornados otorgándoles un capital semilla que les dé la oportunidad de abrir un micro o pequeño negocio.
Además, pidió que se restaure y destine un monto de 400 millones de pesos al Programa 3×1, y se analicen con la Secretaría de Bienestar las reglas de operación. En este sentido, expresó que esta estrategia era un éxito, no sólo en los proyectos en México, sino un incentivo para los connacionales.
De igual manera, propuso se asignen 200 millones de pesos a fin de establecer un fondo para proyectos productivos que sean implantados por la Secretaría de Economía y garantizar un fondo especial que fomente la credencialización de los mexicanos en el exterior en el 2020.
Apuntó que “son bonitos los discursos sobre que los migrantes sostienen al país, pero éstos son huecos y vacíos, si no existe una coherencia política y no se asignan los recursos necesarios para incentivar que los connacionales retornados vivan el sueño mexicano”.
Rodolfo García Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, resaltó que no existen políticas de desarrollo regional ni sectorial, y que este gobierno no hizo los estudios adecuados para darse cuenta de los impactos del resultado de la crisis de 2008-2010, ya que de Estados Unidos a México han tenido que regresar 4 millones 200 mil mexicanos sin que la Federación ni los gobiernos estatales estuvieran preparados para ello.
“Lo que venimos tratando de construir es una verdadera política de Estado, desarrollo económico integral, migración y derechos humanos que permita que la migración sea una opción y no una necesidad”, afirmó.
Irazú Gómez, representante en México de la organización Alianza América, señaló que las personas migrantes han sido totalmente inexistentes en este presupuesto. También que la población deportada y retornada requiere que el gobierno mexicano reconozca los documentos de identidad que se les están dando cuando son deportados.
“Nos preocupa que nuestra nación no cuenta con una política migratoria que atienda el problema desde sus distintas complejidades. Se necesita estructura, infraestructura y presupuesto que pueda apoyar a todas las personas que están migrando dentro de sus diferentes dimensiones”. A esta realidad se suman los recientes acuerdos entre México y Estados Unidos que han complejizado las fronteras y marcado una política enfocada a la detención y deportación dejando a miles de personas sin protección y seguridad jurídica.
Berenice Valdez, del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C, solicitó pelear porque no se baje el presupuesto para este sector y tener una mirada transnacional de género y de las necesidades de las mujeres. Propuso crear en el presupuesto un anexo de migrantes con una visión de política de inclusión, la cual abriría las puertas a la población radicada en Estados Unidos, en España, a la deportada e inmigrante; es decir, una política de movilidad.
Planteó reformar la Ley Federal de Derechos para que no se cobre por la inscripción de la nacionalidad a las personas “porque quienes hacen este trámite en su mayoría son mujeres, mamás de hijas o hijos que han sido deportadas”.
José Emmanuel Ledezma, representante de migrantes en Los Ángeles, California, señaló que eliminar o atentar contra programas clubes o federaciones de migrantes, implica atacar el capital social de estas personas.
Refirió que a través de las federaciones o clubes “nos organizábamos para dar sesiones informativas, por ejemplo, con la policía de Los Ángeles respecto a las detenciones, a los retenes, a los derechos de los migrantes en caso de ser detenidos. Entonces, eso preocupa mucho”. También denunció que en México el crimen organizado extorsiona a las familias de los connacionales.
