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Podrán solicitar parientes, maestros, doctores y enfermeros medidas de protección a menores maltratados

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La diputada Martha Elisa González Estrada (PAN) planteó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de que las medidas de protección al menor puedan ser solicitadas por cualquier persona, por la comisión de delitos o sus tentativas, y conductas que vulneren estos preceptos.

Mediante una iniciativa de reformas, la legisladora, quien es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, indicó que en México hay 13 millones de familias que tienen un entorno de violencia y gritos hacia los menores.

Afirmó que la mayor parte de los abusos se presenta en la familia y van desde ofensas verbales hasta golpes, e incluso conductas delictivas graves como violación, explotación sexual y laboral, además de aprovecharse de los menores para cometer delitos que, “en ocasiones, tienen como consecuencia el homicidio o el suicidio”.

Explicó que de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los principales responsables del maltrato son: madre, padre, o ambos, padrastro, madrastra, tíos y abuelos, en ese orden, y debido a que la mayoría de los infantes permanecen en ese círculo, muchos casos terminan en la muerte, causada por lesiones.

Añadió que el Instituto Nacional de Pediatría recibió y atendió cinco mil 553 casos por maltrato infantil, de los cuales, 11 se turnaron a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

En 2017, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia reportó que en la región centro del país hubo un total de 14 mil 937 denuncias de maltrato infantil, y en 52.2 por ciento se comprobó maltrato, pero sólo 21.4 por ciento fue presentado ante el Ministerio Público.

En ese mismo año, de acuerdo con el registro anual de las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales del DIF, se reportaron 39 mil 516 casos de abuso contra niños y niñas, de los que se pudieron comprobar 27 mil 675.

Ante ello, la diputada considera fundamental garantizarles las mejores condiciones de salud, nutrición, protección, cuidados, y brindarles todo lo necesario para un buen comienzo de vida, así como las medidas de protección que sus condiciones requieran por parte de su familia, la sociedad y el Estado.

Indica que la sociedad enfrenta la violencia contra menores de varias formas, pero no han detenido el maltrato y el abuso, fenómeno que daña a la sociedad “y representa la pérdida del desarrollo normal de la personalidad del menor, su libertad emocional, sexual e incluso de la vida”.

Además, la violencia en México provoca el asesinato de once mujeres al día “y el Estado no ha implantado medidas para proteger la integridad de los niños que quedan huérfanos y cuya situación económica y psicológica se ve gravemente afectada”, pues muchas veces, en familias donde se cometió un feminicidio, permanecen equivocadamente con el agresor, se mantienen en el círculo de agresión y son revictimizados.

“Falta mucho para que la legislación contemple herramientas de protección y ponga en un lugar seguro a todas y todos esos niños que quedan desprotegidos”, enfatiza en su iniciativa de reformas.

Por ello, plantea que el Ministerio Público otorgue, oficiosamente, acciones de protección inmediatas cuando se encuentre en riesgo la vida, integridad o seguridad de la o el menor, también cuando se le utilice, o pueda ser utilizado para cometer delitos.

Propone que las medidas de protección puedan ser solicitadas por la víctima, pariente ascendiente o colateral sin limitación de grado, que sea mayor de edad, y no sea alguno de los padres, y que no se requiera mayoría de edad cuando el solicitante sea hermana o hermano de la víctima.

También podrían solicitarlas empleados de los sistemas nacionales de salud y educativo del plantel en que se encuentre inscrito, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Sistema Nacional DIF y organizaciones de la sociedad civil.

Cuando la medida consista en separar al menor del núcleo familiar, estipula, el Ministerio Público indagará sobre la existencia de otros parientes de la víctima que tendrán preferencia para recibir su custodia o estancia temporal.