Plantean evitar la discriminación de personas en concubinato

Metrópoli

El pleno del I Congreso de la Ciudad de México turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, una iniciativa para reformar el Código Civil local, que plantea contribuir a garantizar los derechos humanos, evitar la indefensión y discriminación de las personas que viven en concubinato, sin privilegiar a quienes están en matrimonio, la cual fue presentada por la diputada Valentina Batres Guadarrama, de MORENA.

En sesión virtual ordinaria, se dispuso que esta Comisión también analice la propuesta para reformar el mismo ordenamiento en materia de pensión alimenticia, iniciativa que presentó el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI).

Además que en comisiones unidas con la Igualdad de Género se estudiará la propuesta para modificar el mismo Código Civil referente a la violencia de género y la violencia familiar, a fin de brindar mayor protección a las niñas y las mujeres, propuesta hecha por el diputado Eleazar Rubio Aldarán (MORENA)

En su oportunidad, la legisladora Batres Guadarrama resaltó la importancia de lograr la igualdad y no discriminación de la figura del concubinato respecto al matrimonio, y dotar de los mismos derechos y obligaciones familiares a quienes están en esta situación de convivencia, aún cuando su pareja tuviera un matrimonio con otra persona o fueran personas del mismo sexo.

“La mujer generalmente es la víctima, debido a los estereotipos de género en los que culturalmente es normalizado y tolerado que el hombre tenga dos casas u hogares”, afirmó.

Después, el diputado Rubio Aldarán propuso reformar el mismo Código Civil referente a la violencia de género y la violencia familiar.

“La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico”, expresó.

En su turno, el diputado Salazar Martínez presentó una iniciativa para adicionar este ordenamiento, en materia de pensión alimenticia.

La iniciativa establece que los alimentos han de ser dados en proporción a las posibilidades de quien debe darlos y las necesidades de quien debe recibirlos, y que después de un convenio o sentencia, la pensión deberá tener un incremento anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México.

Asimismo, define que en los juicios de alimentos el juzgador tendrá la facultad de recabar de oficio las pruebas necesarias para conocer con certeza la capacidad económica, flujo de riqueza y nivel de vida del deudor, sin limitarse al ingreso reportado, para fijar el monto de la pensión alimenticia que garantice el bienestar del acreedor.