El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, llamó a no aprobar en lo inmediato, el dictamen para combatir a las empresas fantasma enviado el pasado 10 de septiembre por el Senado, para dar prisión preventiva oficiosa a la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas.
Antonio Ortega Martínez, integrante del GPPRD y de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, advirtió que errores de comunicación, más la premura con la que están siendo aprobadas (y con fallas) leyes de interés especial para Andrés Manuel López Obrador, está implicando que el gobierno vaya perdiendo la batalla política mediática en el tema de la “mano dura” para frenar la evasión de impuestos a través de la facturación falsa y, dijo, “la goliza es espectacular”.
En el marco de las reuniones de trabajo de la Comisión Especial sobre Facturación y “Empresas Fantasma” con representaciones del empresariado nacional, centros de estudio, y autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de la Procuraduría Fiscal de la Federación, el legislador federal subrayó que el de la evasión es un tema en todos los países y, en el caso de México debemos ver cómo lo enfrentan, con inteligencia, tecnología, estrategia.
Aclaró que, sin duda, hay que perseguir y castigar ejemplarmente a quienes emiten facturas apócrifas, y a quienes utilizan al Fisco como reducto para “lavar dinero”, que el Gobierno federal tiene razones para dar la batalla mediática; pero no se ve”.
Es conveniente entonces, dijo, que Hacienda revise su aparato de comunicación porque están comunicando mal en demérito de su empeño por impulsar el tema que ahora está en la Cámara de Diputados”.
“Aseveró además que sigue pendiente el nombramiento del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) responsable de proteger los intereses de dicho sector que, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), representa una “cifra histórica” de 73.1 millones al cierre del primer trimestre del 2019.
“No quiero decir –detalló- que la iniciativa y la ley estén bien. Lo que digo es que el modelo no es necesariamente el correcto”, y en el presupuesto, están tirando al esquema anterior a sabiendas que los recursos asignados tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal parta 2020, resultan insuficientes para operar, desde este mismo año, la labor de recuperar dinero que urge al gobierno de López Obrador y que se estima en más de 300 millones de pesos.
“La OCDE y los países más avanzados, utilizan herramientas digitales, información cruzada, colaboración de todos los actores para intentar cooptar a los evasores y obligarlos a pagar. Este modelo pretende una tributación rígida pero flexible, y que los contribuyentes se incorporen de manera voluntaria”, comentó.
En contraparte, acusó, no hay en México, un esfuerzo por profundizar el modelo en el que estamos inmersos y, en cambio, el gobierno de López Obrador ha decidido emigrar a uno de criminalización por la evasión. No hay inversión ni en inteligencia, ni en el SAT, ni en la Procuraduría, no habrá dinero para mejorar, completar, aumentar, modernizar todas las herramientas que las economías modernas tienen”.
Acusó que no hay, hasta ahora, un esfuerzo por profundizar el modelo en el que estamos inmersos y, en cambio, el gobierno de López Obrador ha decidido desplazarse a uno de criminalización.
“Se pretende con esta ley, pasar del modelo de colaboración, vigilancia, prevención, y disuasión, a uno de miedo, terror, castigo, y de desconfianza, con los efectos que tendrá sobre la inversión pública y privada en los próximos dos años, y creo que ahí habría que poner también el límite”, enfatizó.
Creo entonces, subrayó, “que deberíamos enmendarle la plana a la Minuta que viene del Senado. Darle tiempo. Desde luego, hay que combatir la evasión, la elusión, perseguir, cobrar, aumentar la recaudación; pero financiar al SAT, destinar recursos en inteligencia fiscal, en todo lo que en otros países se hace para tapar los hoyos; no en más cárceles y jueces, porque nos vamos a llenar de eso”, puntualizó.
“¿Qué no aprendimos la lección del combate a la delincuencia? ¿Qué no aprendimos de que a la delincuencia se le combate con tiros de precisión y no con guerras desatadas como la que ahora se intenta contra los contribuyentes? En la ley se excluye al Prodecon. ¡Tenemos 8 meses sin titular! ¡Imagínense el interés que el Ejecutivo tiene porque no ha enviado al Senado la terna! ¡Hace 8 meses que el órgano del Estado, encargado de proteger al contribuyente, no ha sido designado!”, acusó.
Ortega Martínez emplazó finalmente al diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, titular de este Grupo de Análisis en la Cámara de Diputados, a ser sensible y no caer “en el papel de Pablo Gómez y de Mario Delgado” a quienes se les han rectificado iniciativas y leyes por fallas en su elaboración.
