El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, MC, planteó con urgencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas, refuercen de inmediato las acciones y programas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes indocumentados, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En propuestas con punto de acuerdo, por separado, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, exhortó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a firmar a la brevedad con el Gobierno Federal, el Decreto de Condonación por el pago de energía eléctrica y agua, en apoyo a las organizaciones civiles que atienden a este sector y de centros de atención a migrantes en rehabilitación.

El senador Castañón Ramírez señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (IMN), se estima que ingresan aproximadamente 200 mil personas indocumentas anualmente por la frontera del sur, las que durante su estancia o transito dentro del país enfrentan altos riesgos de ser víctimas de delito y violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con el catálogo de Derechos Básicos de las personas migrantes, establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estás gozan de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los cuales México es parte, dijo.

Recordó que al ingresar a tarritorio nacional y de acuerdo con nuestra legislación en la materia, los migrantes, sin importar si se encuentran en una condición indocumentada o irregular debido a la falta de documentos necesarios para accesar legalmente a nuestro país, “el Estado Mexicano está obliglado a proteger sus derechos humanos mismos”, refirió.

Para evitar abusos de autoridades federales y locales contra los ciudadanos extranjeros indocumentados, señaló, los artículos 69 y 71 de la Ley de Migración, son bastante claros al respecto, mismos que establecen los preceptos siguientes:

Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición. Esto incluye los derechos de las mujeres y las niñas, así como promover su participación plena, fructífera e igualitaria en la búsqueda de soluciones. Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada.

Prevenir la violencia sexual y por razón de género, y responder ante ella. Prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes. Trabajar para poner fin a la práctica de detener a los niños a los efectos de determinar su estatus migratorio.

Condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes, y respaldar una campaña mundial para combatirla. Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de acogida. Mejorar la prestación de asistencia humanitaria y para el desarrollo en los países más afectados, con el objetivo de subsanar todos los déficits de financiación.

En tanto, la secretaria (SSPC) deberá crear grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrá por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

Además, celebrará convenios con colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes.

Las propuestas se les dio turno directo, por separado, para estudio y dictamen, a las Comisiones Ordinarias de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y de Gobernación.